Escándalo de los alimentos. En Entre Rios se allanó y se secuestró pero no se echó ni se imputó a nadie.

La impunidad en el manejo de los alimentos destinados a quienes más necesitan, ya ocurrió en nuestra provincia desde épocas de Stratta como ministra de Desarrollo Social, con la diferencia que hoy en Nación echaron al funcionario y lo denunciaron penalmente por mal desempeño, y acá ni se imputó a nadie.

Pablo De La Torre, que se desempeñaba como Secretario de la Niñez en el Ministerio de Capital Humano, fue desplazado esta semana de su cargo a raíz de “un mal desempeño de sus actividades”. De la Torre no había realizado un control adecuado de stock y vencimiento de mercadería de galpones de Gran Buenos Aires y de Tucumán.

De la Torre, también enfrenta un sumario y una investigación en la Oficina Anticorrupción por una serie de contratos realizados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la contratación de funcionarios.

La situación que derivó en el pedido de renuncia de Petovello a su funcionario ya ocurrió en Entre Ríos y forma parte de la corrupción estructural que se implantó en la anterior gestión de Gobierno provincial.

Las irregularidades y la impunidad en el manejo de los alimentos en la provincia fueron blanco de numerosas denuncias que solo terminaron con la persecución de quienes denunciaron los desmanejos.

En noviembre de 2019, el fiscal Juan Malvasio, ordenó varios procedimientos a raíz de denuncias de vecinos, con resultados positivos en el marco de una investigación para determinar responsabilidades y el paradero de alimentos destinados a la ayuda social.

Denuncian más irregularidades e impunidad en el manejo de los alimentos del Estado

La policía detectó en diferentes allanamientos en Paraná, que había productos que estaban expuestos a la venta en supermercados de origen chino, en calle Almirante Brown y por Av. de las Américas, aunque pertenecían a módulos alimentarios adquiridos por el gobierno provincial para la ayuda social.

Sumada la denuncia de lo ocurrido en barrio San Agustín de Paraná, en calle Jorge Stearns puntualmente, donde se constató en aquella oportunidad el almacenamiento de toneladas de alimentos en un galpón en condiciones totalmente insalubres, tirados en el piso y en instalaciones que no cumplían con ninguna de las reglas de higiene alimentaria.

Nuevamente allanaron un supermercado de Paraná y secuestraron alimentos de Desarrollo Social

También en los allanamientos que ordenó el fiscal Malvasio (hoy Vocal de Cámara) se secuestraron tarjetas de cobro de planes sociales. Los delitos quedaron al descubierto con la cantidad de allanamientos que tuvieron resultados positivos, corroborados por la gran cantidad de alimentos que fueron secuestrados en aquella oportunidad y que se destinaron a diferentes instituciones, como la Escuela de Policía, pero no se avanzó en ninguna investigación.

El negocio de la pobreza: a pesar del blindaje del gobierno, la Justicia avanza en la causa de la venta de alimentos de Desarrollo Social

Llamativamente la causa “se planchó”, pese a que quedó en evidencia que los alimentos se comercializaban de manera ilegal, la causa llamativamente se frenó, con una fuerte presión del gobierno provincial para que no avanzara. Hubieron muchos funcionarios comprometidos y ningún detenido, ni siquiera imputado o pedido su renuncia, a pesar de que se constató que los alimentos eran desviados de su cometido principal, “paliar el hambre de la gente”.

Toneladas de alimentos fueron descubiertos almacenados de forma irregular en galpones particulares, y  nadie respondió por tal situación.

Por aquel entonces, al frente del ministerio de Desarrollo Social se encontraba quien después fuera vicegobernadora, Laura Stratta, y la investigación judicial se desarrolló a lo largo de un año electoral, por lo que el oficialismo intentó tapar a toda costa los avances de la causa.

Ya se jugaba con las necesidades de los más pobres. Fueron momentos de contratos truchos, subsidios truchos de Desarrollo Social, o la causa de las frazadas, todo en épocas de Stratta en Desarrollo Social y luego como vicegobernadora, pero ningún funcionario pagó ni con renuncia, ni con imputación ni con prisión, ni siquiera con investigación. Solo fueron perseguidos quienes denunciaron las irregularidades.

Hoy la noticia llega desde Capital Humano de Nación, un funcionario echado por mal desempeño de sus actividades. En Entre Ríos ya ocurrió, pero no hubo nadie imputado ni siquiera investigado por las irregularidades e impunidad en el manejo de los allimentos, a costa del hambre de la gente.