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Fuentes del Gobierno anticiparon que, ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales. Las primeros instantes de tensión se vivieron en el edificio donde funcionaba el INADI, donde sus exempleados despedidos lograron atravesar el vallado policial y pudieron ingresar al inmueble.
El Gobierno monitorea de cerca el accionar de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que iniciaron este miércoles un nuevo plan de lucha contra los despidos masivos de empleados públicos, mientras se despliega un fuerte operativo de fuerzas de seguridad en los edificios públicos, foco de las protestas.
ATE denuncia 11.000 despidos durante el fin de semana y hoy realiza una jornada de protesta con ingresos masivos a edificios públicos
Al respecto, en Balcarce 50 anticiparon que, ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales. Los primeros instantes de tensión se vivieron en el edificio donde funcionaba el INADI, donde sus exempleados despedidos lograron atravesar el vallado policial y pudieron ingresar al inmueble.
Nuevas medidas de fuerza
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que podría haber “una nueva medida de fuerza general antes de que termine esta semana” para repudiar los despidos de trabajadores estatales y criticó la militarización de ministerios y organismos públicos.
“Este fin de semana recibimos miles y miles de telegramas de despidos, en todos los casos ilegales y arbitrarios: son más de 11 mil despidos fehacientemente comunicados en todo el país”, sostuvo el dirigente sindical.
En declaraciones radiales, el rionegrino remarcó que las ocupaciones pacíficas en ministerios y organismos públicos se dieron “a pesar de que el Gobierno decidió llenar de policías todas las dependencias públicas” y se quejó de que “para lo único que hay plata es para reprimir”.
“Van por la cabeza de los 70 mil contratados. Por eso, a la tarde en un plenario de más de mil delegados vamos a definir profundizar el plan de acción y vamos a proponer una nueva medida de fuerza general antes de que termine esta semana”, subrayó.
Y agregó: “Milei decidió tercerizar el ajuste: ahora la motosierra la tiene Techint, porque el secretario de Trabajo es un gerente de Recursos Humanos de ese grupo empresario. Pero le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra”.
Al justificar el ingreso de los cesanteados a sus lugares de trabajo, Aguiar afirmó que “la comunicación del despido resulta absolutamente ineficiente en términos jurídicos” y destacó que el empleo público cuenta con altos índices de precarización: “Esto es responsabilidad absoluta de todas las gestiones que se sucedieron por la Casa Rosada y no le dieron solución a este fraude laboral de 70 mil trabajadores que deberían estar en planta permanente: acá no hay ñoquis y el pueblo empieza a darse cuenta”.
“El ñoqui más caro que tiene el Estado es alguien asumió el 10 de diciembre y se pasa el 80% de su jornada laboral jugando en las redes sociales”, lanzó, en alusión al jefe de Estado.
Como cierre, el secretario general de ATE manifestó: “Si hoy hay violencia, el violento tiene que ser el Gobierno. Hoy no termina nada, hoy empieza todo”.
“Si alguien comete un delito, va a haber represión
Un funcionario de la gestión libertaria analizó la metodología del gremio en el marco del reclamo y rechazó el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo. “Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda”, argumentó la misma fuente. “Mientras se respete la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito, va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito”, planteó ante la agencia Noticias Argentinas.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente.
“Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
“Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”, puntualizó el funcionario en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
Fue el propio presidente Javier Milei el primero en alertar que “no va a dejar pasar” la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión.
“Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo”, contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
Por ahora efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.
Qué dijo el vocero presidencial
En su conferencia de prensa habitual, el portavoz Manuel Adorni sostuvo que los despidos de las últimas horas en dependencias públicas “fueron finalmente cerca de 15.000. No hay mucho más que decir, solo es parte de las políticas para achicar los costos del Estado. Muchos no tenían un trabajo bien definido y era solo un ingreso que lo pagaba un contribuyente”, detalló.
Con respecto a las protestas llevadas adelante este miércoles por ATE, Adorni planteó que todo lo que esté “fuera de la ley, tendrá sus consecuencias”, aunque aclaró que hasta ese momento “no hubo nada anormal salvo algún intento de ingreso en el edificio del INADI”.
Denuncia de ATE
En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, Aguiar denunció 11 mil despidos y prometió judicializar cada caso. “Es válido que lo hagan y están en su derecho”, se expresaron en las filas de la administración pública.
“Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”, contó el dirigente sindical en la red social X.
El titular del gremio que agrupa empleados de la administración pública acusó al Gobierno de “provocar cesantías masivas en el Estado” e indicó que “suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.
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