El ex presidente había iniciado los trámites para acceder al beneficio el pasado 6 de diciembre, cuando aún estaba al frente del Poder Ejecutivo. Además, Fernández cobrará de manera retroactiva los haberes jubilatorios de enero y febrero.
La Anses aprobó el trámite que inició en diciembre pasado el expresidente Alberto Fernández para percibir su asignación vitalicia de expresidente, también llamada jubilación de privilegio, según confirmaron fuentes del Gobierno. El trámite de los haberes que cobrará Fernández fue aprobado en tan solo dos meses y el valor neto que recibiría ronda los 7 millones de pesos. Además, Fernández cobrará de manera retroactiva los haberes jubilatorios de enero y febrero.
La Anses está a cargo del abogado Mariano de los Heros luego de la salida de Osvaldo Giordano. Con la última actualización las jubilaciones mínimas quedaron en $171.217, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirán en abril, mientras que el haber bruto máximo, pasó de $904.690 a $1.152.122. Alberto Fernández percibirá un neto equivalente al monto de unos 40 haberes mínimos.
La ley establece que el monto a percibir por los expresidentes equivaldrá a la remuneración de los jueces y las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que a los vicepresidentes les corresponderá el 75% de dichos montos. Para la actualización de los montos se siguen las pautas de lo que ocurre con los ingresos de jueces supremos. Por sus dos jubilaciones de privilegio, Cristina Kirchner percibió en febrero, en mano, $9,5 millones del Estado.
En febrero último, cuando trascendió que el ex presidente había iniciado su proceso administrativo para cobrar esa pensión especial, la legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un reclamo formal en las próximas horas ante la Anses para que el ex jefe de Estado no pueda percibir ese beneficio. “¡Basta de privilegios! Le vamos a dar elementos a la ANSES con los cuales pueda denegar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, y lo vamos a hacer utilizando el DNU que él mismo firmó decretando la emergencia previsional para poder robarle la plata a los jubilados”, publicó Ocaña en su cuenta personal de la red social X en ese entonces.
En su fundamentación, la diputada de Confianza Pública había hecho hincapié en la difícil situación que enfrentan los jubilados. Además, esgrimió argumentos formales, entre ellos, que tiene que radicar su residencia en Argentina. “Lo que establece la ley que otorga estas jubilaciones de privilegio son dos condiciones. Una es que no debe cobrar ningún otro tipo de jubilación, pensión y beneficios dentro del sistema. Y, por otro lado, la otra condición es que debe residir en Argentina. Claramente nosotros estamos adjuntando declaraciones donde decía que cuando dejara la presidencia iba a residir en Madrid, cosa que está haciendo desde el 21 de diciembre”, dijo.
La referencia apuntaba a la supuesta decisión de Alberto Fernández de vivir un tiempo en España, tema que había generado otra polémica en relación a si debía garantizar la custodia policial que tienen todos los expresidentes, pero fuera del país. De todos modos, el ex mandatario se expresó en sus redes sociales: “Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país. Hago un culto a mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve. Solo me atengo a recibir el trato que las normas determinan”.
“Los jubilados han sido los grandes perdedores del modelo que instauró la presidencia de los Fernández. Los jubilados han perdido en forma espectacular dos puntos del producto con su pérdida de los valores de las pensiones. Esto es algo que no puede aceptarse”, insistió la legisladora.
Ocaña repudió que Alberto Fernández “se atreva a pedir una jubilación por su gestión que ha sido desastrosa con 130 mil muertos de COVID-19, la fiestita de Olivos y el vacunatorio VIP”. “La verdad tampoco es de extrañar que Alberto sea un sinvergüenza y haya pedido este beneficio. Lo ha hecho justamente en los días previos que el Congreso elimine esa ley”, concluyó.