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A devolverla…
Ante la desidia y las irregularidades, los funcionarios deberán responder con sus propios bienes por los daños que provoquen a los ciudadanos

Fecha Publicación: 09/09/2018 | Cantidad de Lecturas: 3983 

La importante y necesaria iniciativa prevé la posibilidad de que el Estado inicie acciones legales para que vuelvan a las arcas del Estado los fondos públicos con los que se afrontaron daños y perjuicios a particulares



Este jueves, el senador entrerriano le dio media sanción a una iniciativa que regula “la responsabilidad del Estado Provincial, Municipios, Comunas, Entes autárquicos, descentralizados y demás entes públicos estatales provinciales, municipales o comunales, en todas sus manifestaciones y niveles, por los daños que su acción u omisión les produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa”.

Así lo establece el artículo 1° del texto que consta de cuatro capítulos y 23 artículos que fue votado por unanimidad en la cámara alta y ya pasó a la Cámara Baja para su tratamiento y posterior sanción.

Una iniciativa que confluye dos proyectos, uno de autoría de la entonces diputada y actual ministra, Rosario Romero y otro del senador Raymundo Kisser.

Entre sus previsiones establece la novedad de que los funcionarios o empleados públicos que, ejerciendo sus funciones realicen una acción u omitan la misma irregularmente deberán responder con sus propios bienes por los daños y perjuicios que le causen a las personas.

Frente a dichas situaciones, las cuales abundan en la administración pública provincial y municipal, el Estado que fue demandado por el perjudicado, puede iniciar una acción denominada “de repetición” para que el funcionario o empleado que por su irresponsabilidad provocó un daño devuelva íntegramente los montos que se debieron afrontar con fondos públicos con su propio peculio personal.

Así lo establece el artículo 8º “La acción u omisión de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que le están impuestas, los hace responsables de los daños que causen a terceros o al Estado. La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años. La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años a partir del efectivo pago realizado por el Estado de la indemnización condenada o convenida. La tramitación de las actuaciones administrativas que correspondieren producirá la suspensión del plazo de prescripción. La autoridad administrativa, mientras sustancia la actuación tendiente a determinar la eventual responsabilidad del funcionario u agente, deberá garantizar su derecho de defensa”.

Al respecto de la importante iniciática fue consultado el senador del PJ, Ángel Giano quien a este Portal y Radio RD 99.1 explicó “la importancia es que no tenemos ley en Entre Ríos que regule la responsabilidad del Estado cuando comete daños. El gobierno nacional sancionó que cada provincia tiene que tener su propia ley, eso para nosotros no corresponde pero así está establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación”.

Agregando el legislador concordiense “Damos la posibilidad de que Entre Ríos tenga una ley y deje de tener este vacío legal y qué procedimientos pueda seguir quien quiera iniciarle un juicio al Estado por daños y esto le da la legalidad y la legislación pertinente e inexistente hasta la fecha. Una vez que se sancione en Diputados Entre Ríos podrá contar con una ley que tiene aspectos más técnicos procesales y que también sirve para que el Estado pueda repetir por los daños que ocasionen funcionarios en ejercicio de su función y que El estado sea responsable de ese mal desempeño”.

Asimismo el senador explicó “Esta ley va a regir para los municipios, para las comunas, para los entes descentralizados, autárquicos, y liberamos al estado frente a los daños y perjuicios que causen los concesionarios de servicios públicos. Le damos la posibilidad de la limitación de las responsabilidad en algunos aspectos”.

Explicitando sobre el objetivo de la iniciativa “Damos certeza jurídica a este tema tan importante como es el Estado cometiendo daños y los juicios. Lo importante es el resarcimiento a una víctima por distintos casos que se dan en la práctica y que el Estado es demandado”.

Una ley necesaria en la Provincia y cada uno de los municipios y comunas que la componen en virtud de que, hasta ahora, no existía una normativa que expresamente hiciera responsables al sin fin de funcionarios y empleados públicos que con su negligencia o desidia en la generalidad de los casos no son responsabilizados pecuniariamente por los daños que provocan son sus acciones y omisiones.

El Proyecto completo que cuenta con media sanción y que tratara Diputados para darle la sanción final:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Capítulo I: Responsabilidad del Estado
ARTÍCULO 1°.- Esta ley rige la responsabilidad del Estado Provincial, Municipios, Comunas, Entes autárquicos, descentralizados y demás entes públicos estatales provinciales, municipales o comunales, en todas sus manifestaciones y niveles, por los daños que su acción u omisión les produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.
ARTÍCULO 2°.- Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos:
a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley;
b) Cuando el daño se produjo exclusivamente por el hecho del damnificado o de un tercero por quien el Estado no tuviere el deber de responder.
ARTÍCULO 3º.- Cuando el daño haya sido causado por hechos imputables conjuntamente al Estado y a la víctima, o a terceros por quien aquél no deba responder, en ese caso, la medida de la responsabilidad estatal quedará acotada a su concurrencia en la provocación del hecho dañoso.
ARTÍCULO 4º.- Son requisitos de la responsabilidad del Estado por acción u omisión ilegítima:
a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;
c) Relación de causalidad adecuada entre la acción u omisión del órgano y el daño cuya reparación se persigue;
d) Falta de servicio consistente en una acción u omisión irregular por parte del Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber de actuación.
Para calificar la falta de servicio, se deberá tener en cuenta:
d.1.- La naturaleza de la actividad;
d.2.- Los medios de que dispone el servicio;
d.3.- El vínculo que une a la víctima con el servicio; y
d.4.- El grado de previsibilidad del daño.
ARTÍCULO 5º.- Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad legítima:
a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal;
c) Relación de causalidad directa e inmediata entre la actividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue;
d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;
e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido.
ARTÍCULO 6.- Responsabilidad del Estado por actividad lícita. El Estado responde objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.
ARTÍCULO 7º.- El plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual, y su cómputo, se rigen por las reglas establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
La reclamación administrativa voluntaria previa interrumpe el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual prevista en esta Ley.
ARTÍCULO 8º.- La acción u omisión de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que le están impuestas, los hace responsables de los daños que causen a terceros o al Estado.
La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) años.
La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años a partir del efectivo pago realizado por el Estado de la indemnización condenada o convenida. La tramitación de las actuaciones administrativas que correspondieren producirá la suspensión del plazo de prescripción. La autoridad administrativa, mientras sustancia la actuación tendiente a determinar la eventual responsabilidad del funcionario u agente, deberá garantizar su derecho de defensa.
ARTÍCULO 9º.- A los fines de la acción de repetición en los casos de condena judicial contra la Provincia, Municipios, Comunas, Entes autárquicos, descentralizados y demás entes públicos estatales provinciales, municipales o comunales, en todas sus manifestaciones y niveles por los hechos u omisiones imputables a sus funcionarios o empleados, cuando los mismos hayan integrado la litis, la sentencia respectiva determinará si medió falta personal de los mismos por la que deben responder frente a aquellos.
ARTÍCULO 10º.- La responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria.
ARTÍCULO 11º.- El Estado no será responsable por los daños ocasionados por los Concesionarios de Servicios Públicos o Contratistas del Estado.
Capítulo II: Disposiciones procesales
ARTÍCULO 12º.- Corresponde a los Jueces en lo Civil y Comercial, hasta que se creen los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, conocer y decidir en las demandas por responsabilidad del Estado Provincial, los Municipios, Comunas y Entes autárquicos, y demás entes públicos estatales provinciales o municipales.
A las acciones por responsabilidad del Estado que se tramiten ante los Juzgados Civiles y Comerciales, se le aplicarán las reglas del Proceso Ordinario –Libro II
Título II- del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.
ARTÍCULO 13º.- Corresponde a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo conocer y decidir, en la materia que rige la Ley de Responsabilidad del Estado, en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, dictadas en el marco de esta ley.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 con sede en la ciudad de Paraná, entenderá en los recursos que se interpongan ante los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Feliciano, Nogoyá, Victoria, Gualeguay y Federal.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 con sede en la ciudad de Concepción del Uruguay, entenderá en los recursos que se interpongan ante los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Departamentos Uruguay, Concordia, Tala, San Salvador, Federación, Villaguay, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.
A los recursos que se tramiten ante las Cámaras en lo Contencioso Administrativo, se le aplicarán las reglas de los Recursos Ordinarios –Libro I Título IV Capítulo IV del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.
ARTÍCULO 14º.- Corresponde a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo conocer y decidir la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley.
Al recurso de Inaplicabilidad de Ley que se tramiten ante las Cámaras en lo Contencioso Administrativo se le aplicarán las reglas de los Recursos Extraordinarios –Libro I Título IV Capítulo V- del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.
ARTÍCULO 15º.- Fuero de atracción. En el caso de integrar el Estado Provincial, los Municipios, Comunas y entes autárquicos, y demás entes públicos estatales provinciales o municipales, un litisconsorcio pasivo, serán competentes los jueces cuya competencia se encuentra establecida en la presente ley.
ARTICULO 16º.- En los casos en que la víctima de un delito o las personas legitimadas iniciaran acción civil por responsabilidad del Estado por ante el fuero penal, la causa se sustanciará por ante ese fuero.
ARTÍCULO 17°.- A las acciones y procesos de ejecución de la sentencia le serán aplicables, las reglas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial, como asimismo las contenidas en el Título V, Capítulo IX, Suspensión o sustitución de la ejecución de la sentencia, del Código Contencioso Administrativo de Entre Ríos.
Capítulo III: Incorporaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial
ARTÍCULO 18º.- Incorpórese al Artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Inciso 5) el que quedará redactado de la siguiente forma: “Corresponde a los Jueces en lo Civil y Comercial hasta que se creen los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, conocer y decidir: … 5.- En las demandas por responsabilidad del Estado Provincial, los Municipios, Comunas y entes autárquicos, y demás entes públicos estatales provinciales o municipales”
ARTÍCULO 19º.- Incorpórese al Artículo 53° Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial como anteúltimo párrafo, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Corresponde a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo conocer y decidir, en la materia que rige la Ley de Responsabilidad del Estado, en los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 con sede en la ciudad de Paraná, entenderá en los recursos que se interpongan ante los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Feliciano, Nogoyá, Victoria, Gualeguay y Federal. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 2 con sede en la ciudad de Concepción del Uruguay, entenderá en los recursos que se interpongan ante los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Departamentos Uruguay, Concordia, Tala, San Salvador, Federación, Villaguay, Colón, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy”.
ARTÍCULO 20º.- Incorpórese al Artículo 53º Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial como último párrafo, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Corresponde a las Cámaras en lo Contencioso Administrativo conocer y decidir la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley”.
ARTÍCULO 21º.- Deróguese el Inciso 3) del Artículo 286° bis de la Ley N° 9776, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.
Capítulo IV: Disposición transitoria
ARTÍCULO 22º.- Las causas por responsabilidad del Estado que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en trámite por ante las Cámaras en lo Civil y Comercial con asiento en Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia, continuarán sustanciándose en ellas. Las causas cuyo recurso de apelación no haya sido aún concedido, lo serán por ante las Cámaras en lo Contencioso Administrativo a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTICULO 23°.- Comuníquese, etcétera.
PARANÁ, SALA DE SESIONES, 6 de septiembre de 2018



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Comentarios  
10/09|00:00  [J Mansur]  
Que pasa con las adendas de los contratados de obra del ministerio desarrollo social.. Lautira Strata atende a los empleados.
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