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Otro perjuicio para el Estado por la corrupción estructural
Sin ninguna investigación en marcha para dar con los responsables de las irregularidades, la provincia se hace cargo de la reparación de la Ruta 39 por la cual ya desembolsó más de 140 millones

Fecha Publicación: 06/01/2018 | Cantidad de Lecturas: 2713 

Una obra de larga data de ejecución que aún no ha sido inaugurada y que puso en la mira a varios funcionarios de vialidad que suscribieron los certificados de obra por su connivencia con privados y que presenta un deplorable estado con pérdidas millonarias para el estado




Este viernes 5 de enero la administradora de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes recibió al diputado provincial, Silvio Valenzuela, para evaluar y programar obras en los caminos del departamento Uruguay.

Una de ellas consiste en la reparación de la ruta provincial Nº39, la cual ha sido objeto de constantes denuncias proveniente de los vecinos de las localidades que une por su lamentable estado.

Una obra que aún no se ha inaugurado y que desde hace un tiempo viene provocando indignación y malestar ya que presenta un breve tiempo en su ejecución y sorprende el mal estado de la misma, girando las sospechas en torno a varios funcionarios públicos de Vialidad que han suscripto las respectivas certificaciones de obras.

Funcionarios que, indican aquellas sospechas, en aquel momento a través de maniobras estuvieron en connivencia con los privados a los que se les ha adjudicado la ejecución de las obras para obtener beneficios millonarios.

La operatoria que incluye a varios funcionarios de vialidad provincial por donde trascurre las etapas y trámites para llevar adelante las obras no sería otra que la suscripción de los respectivos certificados de obras sin ningún tipo de control sobre los materiales utilizados y/o haciendo la vista gorda sobre los trabajos realizados y que no se condicen en nada en cuanto a su calidad con los expresados en los estudios y proyectos aprobados previamente.

El resultado de dicha connivencia no sería otro que funcionarios y empresarios millonarios a costa de la seguridad vial.

Tal es el estado de intransitabilidad y de aquella falta de seguridad que en el mes de agosto del 2017, luego de unas importantes lluvias, a la altura del kilómetro 137 y medio, sobre el Puente El Overo, una camioneta Isuzu doble Cabina, dominio EFR-911 que transitaba sobre la deplorable RPNº39 despistó y cayó al agua, donde quedó prácticamente sumergida en su totalidad, llevándose la vida del conductor.

En aquel momento los testigos del siniestro vieron la camioneta zigzaguear antes de salirse de la calzada, destacándose que los “huellones” sobre la ruta tenían más de 2 centímetros de agua, lo que pudo hacer que el conductor perdiera el control.

Otro caso que tuvo resonancia y que en aquel momento sacudió el mundo político se suscitó con el grave accidente sufrido por el entonces senador Luis Schaaf y su hija, siniestro también atribuido al estado de la ruta y a las inmensas lluvias, destacándose que las obras de reparación ya habían sido licitadas, adjudicadas e iniciadas.

En todos estos casos la responsabilidad no es otra que la falta de verificaciones en las obras, a sabiendas o por la ineficacia de los funcionarios que tienen el deber de controlar sus distintas etapas en la ejecución, lamentándose muertes o lesiones graves.

Otro de los perjudicados por las maniobras irregulares de los funcionarios en connivencia de los privados para obtener beneficios de cuantiosas sumas es el Estado entrerriano.

Un claro ejemplo de ello es el producto del encuentro mantenido entre Feltes y Valenzuela donde el Estado ahora debe desembolsar varios millones de pesos para reparar los baches en una ruta que aún no se ha inaugurado, que lleva tiempo ejecutándose y que presenta, como se mencionó, un estado grave de intransitabilidad.

Una obra que en lo que va de su realización el Estado, si bien a través de programas nacionales, ya lleva inveridos más de 140 millones de pesos.

Los trabajos sobre la RPNº39 incluían un refuerzo del pavimento existente en la ruta provincial 39 entre Basavilbaso y Villa San Miguel a lo largo de 27 kilómetros, previéndose asimismo pavimentar el acceso a Basso desde la ruta provincial 20.
Asimismo se incorporó el acceso a la localidad de Caseros y su intersección con la ruta provincial 39, la intersección con el acceso al Palacio San José y la rehabilitación del acceso a Concepción del Uruguay desde la ruta nacional 14.

El primer tramo fue adjudicado a la Empresa CCI Construcciones por 45,6 millones de pesos y el restante, lo encaró la Empresa UTE Luis Losi S.A. – Lemiro Pablo Pietroboni S.A por 43,5 millones, previéndose varios millones más para obras complementarias, demandado una inversión superior a los 144 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de dinero invertido, sin que la obra concluya el Estado nuevamente debe salir a invertir otra cuantiosa suma por las irregularidades su ejecución.

Con el agravante que, hasta la fecha, a pesar de las denuncias y pedidos de informes, el gobierno provincial a través de la propia Dirección de Vialidad y/o el Tribunal de Cuentas no ha iniciado o al menos no consta ninguna investigación formal para dar con los responsables de las graves irregularidades en la entrega de certificados de obras..

Trámite para el cobro por parte de la empresa que ejecuta la obra que se inicia con el certificado de ejecución, el cual se paga por etapas, y que firma el privado que percibió la millonaria suma y el inspector de vialidad que debió verificar los trabajos realizados, apareciendo luego los funcionarios viales que permitieron que la obra se pague.

En este caso de la 39 como en otras en las que se destacan la RP38 y el acceso a Colonia Elia por ejemplo, el primero en suscribir fue el por entonces director de Construcciones, Alberto Johnston, apareciendo luego la firma del entonces ingeniero jefe de vialidad, Guillermo Van Opstal.

Funcionarios estos responsables de certificar que la obra se corresponda con lo proyectado, apareciendo aquí el nombre del entonces director de estudios y proyectos de la DPV, Raúl Bongiovanni, como también que se condiga con la calidad de los materiales utilizados.

Ni Johnston ni Van Opstal hoy forman parte de la estructura de Vialidad, el primero fue removido recientemente del área, el segundo al inicio de la gestión provincial de Bordet, comentándose en el momento que le dijeron o te vas o te vamos, ante la inminente investigación por irregularidades por las certificaciones de obras que finalmente no se iniciaron, hasta ahora.

Indudablemente que las denuncias por el grave estado de varios de los caminos entrerrianos preocupan, hablándose en muchas de ellas de “corrupción estructural” en Vialidad, como si, a través de los años se hubieran asegurado una estructura administrativa que les permita que los trámites para el cobro de las obras pasen necesariamente por sus manos.

Con la gravedad de que, a pesar del perjuicio patrimonial que las irregularidades le provocan a las arcas estatales, no se han iniciado o al menos se desconocen alguna investigación formal no solo de la DPV sino tampoco por parte del órgano de contralor provincial diseñado para constatar este tipo de anomalías como lo es el Tribunal de Cuentas.

En el mes de diciembre este medio tomó conocimiento de al menos tres presentaciones formales tanto en el Tribunal de Cuentas como en Vialidad Provincial tiendo por objeto establecer qué responsabilidades le correspondían a los funcionarios viales que permitieron el pago de obras publicas, entre las que se encuentra la RP39, a los privados sin el efectivo control sobre lo ejecutado.

Presentaciones que fueron motivadas, según indican, en defender el patrimonio de todos los entrerrianos pero que aún no han sido respondidas por ninguna de dichas reparticiones, generando varias especulaciones que dan cuenta de que no existen ninguna motorización para dar con los responsables de la nefasta corrupción estructural.

Corrupción estructural a la cual se le atribuyen no solo pérdidas millonarias al Estado entrerriano y que constituye el factor más importante del déficit por el que atraviesa la provincia sino también tiene el alto costo, como el caso de los caminos, de lamentar pérdidas de vidas humanas.

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Comentarios  
12/01|00:00  [RUTA SINONIMO DE MUERTE]  
FELTES CADA ACCIDENTE SERA CULPA DEL ASFALTO ,DEL PLANEO EN LOS HUELLONES,DE LOS LOMOS ENTRE MANOS ,DE OS POZOS VAYA POR LA 127 YA LA SUMARAN CON ALGUNA MUERTE.ADELANTESE SEÑORA SINO LA VAN A SOPAPEAR DE TODOS LADOS.SE VIENE LAS ELECCIONES Y CUALQUIER COSA SIRVE. RUTA-CORRUPCION-ACCIDENTE-MUERTE-FUNCIONARIOS.
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09/01|00:00  [SOCIEDAD DPV MUNI.]  
No se amilane David le tiene miedo a Varisco Ramos hoy parte del municipio es parte de la banda de vialidad,y oh casualidad ahora dirigirá a LOSI en obras de pavimentación,falta que aparezca Hereñu,Norvial, y todos los que trabajan en connivencia con el ejecutivo mcipal
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08/01|00:00  [jmb]  
Que importa lo que paso en la Ruta total ya estan ricos los que eran responsables en ese entonces el Ingeniero Jefe, el Director de Construcciones, de Estudios y Proyectos y hasta el mismo Administrador la cosa era abrir una licitacion por semana viajar al interior viaticos comidas vehiculos fotos gigantografias y despues ...no importaba si se hacia la obra o no -los inspectores de descanso en la casa cobrando por supuesto que uenza ahi es reponsable del primero hasta el ultimo peon -
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