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El Gobierno rescindió el polémico convenio de los colchones entre la Mutual Modelo y el Servicio Penitenciario

Fecha Publicación: 03/01/2018 | Cantidad de Lecturas: 8486 

Luego de las denuncias e investigaciones en marcha, el gobernador Bordet y la ministra Romero le ponen fin al irregular acuerdo que suscribió la entidad que incluía mano de obra en negro, evasión y deslealtad comercial




La semana pasada trascendía que luego de un encuentro que se habían mantenido el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de gobierno Rosario Romero, se procedió a comunicar al servicio penitenciario de Entre Ríos la decisión de ponerle fin al convenio que este organismo había suscripto con la Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos.

Finalmente ahora es oficial el Gobierno, a través de un acuerdo firmado por ambas partes el 28 de diciembre, rescindió el cuestionado convenio de colaboración.

Un acuerdo que también incluyó un plazo de dos días a la Mutual para que proceda a retirar y desocupar de la unidad penal ubicada en calle Marcos Sastre y Yapeyu de la capital entrerriana todo elemento que le pertenezca.

Un convenio que fue calificado de irregular ya que en su ejecución incluía mano de obra presidiaria y la utilización de bienes del estado.

Frente a dichas anomalías existieron algunas denuncias pero finalmente fue un escándalo desatado en la ciudad de Concordia cuando uno de sus directivos y un importante socio del mismo intentaron cobrar al Municipio una suma millonaria luego de haber donado una cantidad de colchones y afines para los inundados, destapó la irregular operatoria.

Dicha tentativa de fraude generó una investigación penal preparatoria de oficio en la Unidad Fiscal de la capital del citrus para determinar cuáles son las vinculaciones entre los privados, la financiera AMMER, y el organismo estatal que habrían pretendido defraudar, según lo denunciado públicamente, al Estado municipal cobrando un millón de pesos por los bienes dados en donación.

Una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal Santiago Brugo y que continúa su curso y que oportunamente avanzó, solicitando la autoridad judicial sendos informes al servicio penitenciario sobre el convenio que celebró con la mutual modelo.

En aquel momento, fines del 2015, Concordia a ciudad de Concordia sufrió una gran inundación que obligó a evacuar a miles de personas, las cuales perdieron todo.

Con motivos de el gran número de evacuados al Municipio llegaron una cantidad considerable de colchones, almohadas y afines en calidad de donación por parte de la entidad mutual modelo.

Sin embargo a los pocos meses de la entrega, autoridades de la mutual modelo pretendieron cobrar dicha donación presentando una factura por la suma de 1 millón de pesos, la cual, llamativamente pertenecía al Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

En aquel momento, se conoció que quienes insistían en el cobro de la factura fueronAdrián Bruffal, en ese entonces titular de la mutual modelo (AMMER), y su socio, el afamado empresario de la obra pública, Miguel Marizza, los cuales habrían presionado fuertemente a las autoridades municipales para que saliera la orden de pago.

Orden que nunca se emitió aunque si generó la investigación penal mencionada a cargo del Fiscal Brugo.

El convenio que ahora el Gobierno provincial puso fin se había suscripto en diciembre de 2014 y entre los firmantes aparecían José Mondragon, en carácter de director general del Servicio Penitenciario entrerriano y Aníbal Miotti, en ese entonces director de la Unidad Penal N°1, por una parte, y Adrián Bruffal, presidente de la Mutual, por la otra.

El objeto del acuerdo, no era otro que la comercialización y venta de colchones y productos complementarios por parte de la Mutual, única beneficiaria de la operación.

Un convenio que al ser suscripto llamó poderosamente la atención de los conocedores de la administración pública en virtud de la agilidad con que se inició y culminó el trámite, causando un gran desconcierto en aquellos ya que no contó con informe contable, dictamen jurídico y auditoría.

Una Mutual Modelo que es conocida por varias irregularidades en sus operaciones comerciales, es más, actualmente está siendo investigada por una maniobra que implicaría, a criterio de la fiscal Patricia Yedro, Peculado y Negociaciones incompatibles, en virtud de sus negocios que mantiene con esferas estatales.

Negocios irregulares que también se desarrollan en el ámbito privado y que han sido cuestionados y hasta denunciados mediáticamente.

La operatoria comercial que ahora el gobierno rescindió incluía la confección de los colchones y dichos productos utilizando la mano de obra de los internos y las instalaciones de la UPNº1.

Dichos productos, una vez confeccionados por los presos, eran puestos a la venta por la Mutual a los compradores que la misma indique, facturando esta última la operación.

Si bien los fines altruistas podrían verse inconmovibles, en el trasfondo no existía más que serias irregularidades de tinte laboral, impositivas y contrarias a la ley de lealtad comercial, con el agravante de que está directamente involucrado el estado provincial.

Un pingue negocio por donde se lo mire, con cero costos, previéndose ganancias únicamente para la Mutual Modelo (AMMER) que se lleva el 90% del producto de la ventas, quedando el 10% para la Unidad Penal en concepto de compensación por el producto vendido, cláusula que echaba por tierra los fines altruistas.

Cuantiosos beneficios económicos obtenidos a través mano de obra que no cumple las condiciones mininas legales, evadiéndose impuestos y utilizándose instalaciones del estado que al darse a conocer generó muchísimo rechazo en la gente, debido no solo a las anomalías legales que son sometidos los privados de libertad, sino más aun en virtud a que el estado provincial era parte y fomentaba dichas irregularidades.

Anomalías que, si bien con muchísimas dilaciones, están siendo también investigadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, aunque los avances de la causa en búsqueda de responsabilidades sea casi nula.

El conjunto de estas condiciones, cuestionamientos e investigaciones habrían sido determinantes para Bordet y Romero, quienes, con mayor celeridad que aquel órgano de contralor, tuvieron la rápida reacción de rescindir el cuestionado convenio y bajarle el pulgar al pingue negocio de la Mutual Modelo.


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Comentarios  
04/01|00:00  [Paulino]  
Más allá de la avivada de estos piratas usureros y sus cómplices internos, creo los privados de la libertad, en su proceso de integración a la sociedad, merecen recibir organizadamente capacitación laboral, y el desarrollo de actividades productivas de utilidad social dignamente remuneradas. Hay muchos planes de asistencia del estado a la comunidad, en los que podrían participar en la producción de bienes, dentro de la ley.
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