Los senadores Lucas Larrarte (San Salvador) y Pablo Canali (Colón) realizaron una de las tantas presentaciones formales que se estiman que acarrearan las graves irregularidades cometidas con al certificaciones de obras.

Hace horas este PORTAL se hacía eco de graves denuncias proveniente de vecinos que daban cuenta del estado deplorable de los caminos provinciales que aún no se han inaugurado o llevan muy poco tiempo de su inauguración y ya se convirtieron en intransitables.

Una publicación que ponía en tela de juicio las certificaciones de obra otorgadas por funcionarios de vialidad provincial que autorizaron el pago de las rutas a los empresarios que la ejecutaron, generando graves sospechas de connivencia entre estos y aquellos.

En todos los casos los ojos se posan sobre varios funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad y los privados, hablándose de connivencia en la certificación de obras y el pago de la misma.

Una repartición que recibió 2500 millones de pesos para realizar caminos que, más allá de certificar las obras y haberlas pagado, sin ser inauguradas aun ya presentan pavimentos levantados, que se han realizado con una capa asfáltica de 3 o 4 centímetros que ya se ha levantado o sin respetar las medidas con respecto a la banquina permitiendo el ingreso del agua a la ruta (pavimento abovedado).

Puntualmente las denuncias recaían sobre las obras ejecutadas en la ruta provincial N° 39, el acceso a la localidad de Colonia Elía y la pavimentación de la ruta provincial N° 38.

Casos a los cuales se suma la obra del Acceso Norte de la capital entrerriana el cual está recién hecho y ya está lleno de pozos, que presentan idénticas características: obras inconclusas o ejecutadas con materiales que no se condicen en nada en cuanto a su calidad con los expresados en las respectivas certificaciones y que en la generalidad de los casos han obtenido un único resultado: funcionarios millonarios a costa de la seguridad vial.

Y a las idénticas características hay que sumarle que para el cobro de los respectivos certificados aparecen siempre los mismos funcionarios de vialidad suscribiendo el trámite administrativo.

Trámite para el cobro por parte de la empresa que ejecuta la obra que se inició con el certificado de ejecución, el cual se pagó por etapas y que firmaron el privado que percibió la millonaria suma y el inspector de vialidad que debió verificar los trabajos realizados, apareciendo luego los funcionarios viales que permitieron que la obra se pague.

En estos casos puntuales, el primero en suscribir fue el por entonces director de Construcciones, Alberto Johnston, apareciendo luego la firma del entonces ingeniero jefe de vialidad, Guillermo Van Opstal.

Funcionarios responsables de certificar que la obra se corresponda con lo proyectado, apareciendo aquí el nombre del entonces director de estudios y proyectos de la DPV, Raúl Bongiovanni, como también que se condiga con la calidad de los materiales utilizados.

Ni Johnston ni Van Opstal hoy forman parte de la estructura de Vialidad, el primero fue removido recientemente del área, el segundo al inicio de la gestión provincial de Bordet, comentándose en el momento que le dijeron o te vas o te vamos, ante la inminente investigación por irregularidades por las certificaciones de obras que finalmente no se iniciaron, hasta ahora.

Indudablemente, la publicación periodística causó una gran repercusión en las esferas del gobierno, provocando no solo malestar e indignación, sino también que los senadores Lucas Larrarte y Pablo Canali presentaran un proyecto en la cámara alta provincial solicitando la realización de un control y auditoría de la calidad de los trabajos y materiales empleados en la Obra de pavimentación asfáltica de la Ruta Provincial Nº 38 entre San Salvador (Departamento homónimo) y Ubajay (Departamento Colón), como asimismo en el asfaltado del acceso oeste a la ciudad de General Campos (Departamento San Salvador).

Así lo hizo saber el senador Larrarte a través de las redes sociales manifestando: “Luego de reiteradas conversaciones que llevamos a cabo con el senador Pablo Canali, con la titular de Vialidad y después de una recorrida por la Ruta Provincial Nº 38 recientemente asfaltada, decidimos presentar un proyecto de “Comunicación” para solicitar y apoyar políticamente a Vialidad en la realización de un control y auditoría de la calidad de los trabajos y materiales empleados en la Obra de pavimentación asfáltica de la Ruta Provincial Nº 38 entre San Salvador (Departamento homónimo) y Ubajay (Departamento Colón), como asimismo en el asfaltado del acceso oeste a la ciudad de General Campos (Departamento San Salvador)”.

“Además, plantearemos que en caso de detectarse inconsistencias técnicas de los trabajos efectuados y de los materiales empleados, en referencia a lo que estipulan el pliego de bases y condiciones y los contratos firmados con las empresas adjudicatarias, dado que es una obra pública financiada con fondos públicos, se determinen las responsabilidades contractuales a efectos de hacer los reclamos pertinentes” sostiene.

“Este proyecto más que como reclamo lo presentamos como un pedido, para el caso de que Vialidad ya no se encuentre actuando, y como una manifestación de apoyo político a la clara decisión del Gobernador de que a la gestión sea tomada con mucha responsabilidad y seriedad, son dineros públicos los que pagan las obras, le pertenecen a todos los contribuyentes entrerrianos. Y tal como ya lo tiene dicho Bordet nuestra función debe ser la de cuidar, proteger y velar por los intereses de la provincia y de los entrerrianos”, finaliza Larrate publicando fotos del estado calamitoso que presenta en la actualidad la Ruta Provincial Nº 38 que tiene poco tiempo de inaugurada.

Una obra que significó para la provincia ejecutar trabajos sobre 30 kilómetros de extensión y una erogación presupuestaria que superó los 249 millones de pesos y que presentaba una notable importancia ya que ayudaría a potenciar el sector productivo y educativo.

Indudablemente la repercusión de las denuncias que tomaron estado público fue fuerte motivando una de las tantas presentaciones formales que se estima que se presentaran y que ponen en tela de juicio las certificaciones de obra que han realizado los funcionarios de vialidad.

Con esta presentación de los senadores, se complicaría la situación de los ingenieros Van Opstal y Johnston y otros funcionarios viales vinculados, estimándose que tanto la Justicia como el Gobierno Provincial a través de sus áreas competentes investiguen las distintas irregularidades cometidas en la obra pública en perjuicio no solo del erario público sino también que ya van costando varias vidas.