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Un multimedio y una mutual en la mira de la Justicia
La Resolución del juez Ríos declarando su incompetencia y remitiendo las actuaciones a la fiscal Goyeneche

Fecha Publicación: 27/11/2018 | Cantidad de Lecturas: 3307 

Informes de agencias, empresas, mutuales fueron enviados a Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y la AFIP ante la comisión de los delitos de peculado, malversación y fraude a la administración



Este lunes, desde este Portal, se conocía sobre el inesperado giro en la causa de narcotráfico que lleva adelante el juez federal Leandro Rios.

La noticia que generaba un importante revuelo no solo en el ámbito judicial sino también en el político era sin dudas la declaración de incompetencia para continuar en el entendimiento de uno de los delitos investigado en la causa de narcotráfico por parte del juez federal y la remisión de las actuaciones a la Fiscal anticorrupción a cargo de la Dra Cecilia Goyeneche, es decir al fuero provincial, las actuaciones para que las investiguen.

La resolución, la tomó luego de los informes realizados por los peritos de la Policía Federal en Buenos Aires con la documentación secuestrada en el allanamiento al Municipio el 8 de julio cuando arribó al Palacio Municipal un cuerpo de contadores de aquella fuerza policíaca.

Allanamientos practicados en el palacio y en las oficinas de Tesorería Municipal donde se fue a buscar cerca de 200 expedientes administrativos y que también incluyeron las oficinas de un estudio contable donde también operaba el medio de comunicación del actual vocal de la Mutual Modelo, Adrián Bruffal.

Este Portal accedió a la resolución del magistrado federal, 122 páginas donde el Dr. Ríos expone sobre varias medidas probatorias realizadas y, en último término el informe de la División de lavado de Activos, disponiendo primeramente el procesamiento de Luciana Lemos por un nuevo delito, el de adulteración o supresión del número o grabado de un arma de fuego, como también, los sobreseimientos de Ernesto González, funcionario del municipio y del concejal Emanuel Gainza, y luego la remisión a la fiscalía provincial de parte de la investigación que ha llevado hasta la fecha.

“Del informe de la División Lavado de Activos surgen graves, precisas y determinadas inconsistencias, que corroboran la «disponibilidad de fondos públicos» por parte de los imputados Sergio Fausto Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Noemí Bordeira, Alan Nicolás Viola, Luciana Ernestina Lemos y Daniel Andrés Celis, como una “caja de dinero” de la cual sustraían o desviaban dinero público del circuito de control estatal en favor del organizador de la comercialización de estupefacientes, lo que genera una vinculación al colectivo ilícito”, asegura el juez federal en el escrito.

Luego, realiza un detalle de los 10 items que tiene en cuenta el informe de la división de lavado que resultan sospechosos y argumentan esta mentada “disponibilidad de fondos públicos” calificada como “caja de dinero” de la cual sustraían o desviaban los funcionarios.

Entre ellos, los más destacados, hacen referencia a los gastos de Tecnópolis como también la Mutual Modelo "merece una mención aparte el pago registrado al MULTIMEDIO REGIONAL SRL, CUIT 30­ 70866565­3 con domicilio fiscal en Alejandro Carbó 1163, Piso 1º, Dpto. D, de esta ciudad, dado que el mismo no registra impuestos activos y en el período en cuestión se le habría pagado $ 1.218.000,00. Del análisis de los cartulares enviados por el Nuevo BERSA pudo observarse que el cheque emitido por la Municipalidad Nº 26549668 por $ 93.043,97 fue endosado a favor de la “MUTUAL MODELO CUIT 30­70016642­9 TESORERO CRISTIAN FELTES Y PRESIDENTE MIGUEL PICAZZO”.

Gastos presumiblemente infundados, injustificados o ilegítimos realizados por el Municipio con el agravante que varios de los beneficiarios de los fondos públicos, es decir, a quienes fueron destinados formalmente, no registran impuestos activos, motivando también la remisión a la AFIP.

“Del informe referido se advierte la posible comisión de delitos de acción pública, encuadrables ­prima facie­ en los arts. 260 (malversación de fondos), 261 del C.P. (peculado) o 174 inc. 5 del C.P (fraude al Estado municipal) por parte de personas que no tienen vinculación alguna con el financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes y por lo tanto concurren en forma real con el hecho aquí investigado, excediendo la competencia de este Juzgado Federal N° 1”, menciona tajante el magistrado federal para luego argumentar jurisprudencialmente su resolución de incompetencia.

“Tiene resuelto la C.S.J.N. que cuando se investiga una pluralidad de delitos corresponde separar el juzgamiento de aquellos de naturaleza federal de los de índole común, aunque mediare entre ellos una relación de conexidad (Fallos: 321:2451: 323:772; 324:2086). Asimismo, el cimero Tribunal ha resuelto que la presunta conexidad que pudiera existir entre unos y otros no basta para acordar la intervención de la justicia federal respecto de los delitos que, por la materia o por las personas, son ajenos a su competencia especifica (Fallos: 248:438; 308:2522 y Competencias N° 606, L. XXXVIII in re “Palacios, Eduardo Jorge y otros s/ inf. art. 292, encubrimiento y art. 210 del C.P.”, y N° 832. L. XXXIX in re “Franchiotti, Alfredo Luis y Acosta, Alejandro s/ presunta infracción art. 194 C.P.”, resueltas el 16 de octubre de 2002 y el 11 de noviembre de 2003, respectivamente)”, sostiene el juez.

“Por aplicación de esos principios, y atento que la competencia federal es limitada y de aplicación restrictiva (Fallos: 321:1860; 32:872 y 32:2590), corresponde remitir copias de la presente, junto con el informe de la División Lavado de Activos de Policía Federal, documental aportada por Ernesto Ramón González, declaraciones indagatorias de Ernesto Ramón González, Luciana Ernestina Lemos y auto de procesamiento de fs. 1171/1317 al Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos y a la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, a los fines que estimen corresponder”, expresa Ríos.

Agregando “Haciéndoles saber que la documental secuestrada en los distintos allanamientos de la causa (en soporte papel e informático), como los informes remitidos por el Nuevo BERSA y la Municipalidad de Paraná, se encuentran a su disposición por el término de 10 días hábiles para la extracción de fotocopias y/o copias digitales en la sede de este juzgado”.

“Sin perjuicio ello, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran designadas por decreto, bajo la modalidad de contrato de obra para tareas, donde no se entrega una obra, no se emiten factura de ley, no hay “recibos de sueldo”, ni se generan aportes previsionales, como aquellas personas que han cobrado cheques en concepto de publicidad sin estar inscriptos ante la AFIP­DGI o grandes cantidades de dinero que no se condicen con su categoría, corresponde remitir copia de la misma documentación a la AFIP/­DGI a los fines que estime corresponder”, expresa la resolución.

Mas allá de estos pases a esferas administrativas, el giro trascendental de la investigación se otorga con la remisión a la fiscal Goyeneche, provocando una gran repercusión en lo judicial y político.

Una causa que comenzó por una causa estrictamente de narcotráfico en la justicia federal, y con el correr de la misma, se fue transformando en una causa de corrupción por los fondos públicos presumiblemente dispuestos y que ahora serán investigados por la fiscal anticorrupción de la provincia.

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