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¿Oportunismo político o durmió la siesta?
Tres años después, se despertó Kisser

Fecha Publicación: 21/11/2018 | Cantidad de Lecturas: 1058 

El senador demandó penalmente a los responsables de la Mutual Modelo, entre otros, por supuestas irregularidades en la construcción de 800 viviendas en el Área Paraná, que este Portal viene denunciando desde 2015



El senador provincial Raymundo Kisser, con el patrocinio letrado del abogado Rubén Pagliotto, presentó este martes ante la Fiscalía Anticorrupción de Paraná una extensa denuncia penal en la que solicita la “urgente apertura de la Investigación Penal Preparatoria” respecto de la construcción de 800 viviendas en el Área Paraná, más concretamente 250 viviendas en San Benito, 250 Viviendas en Colonia Avellaneda y 300 viviendas en la parte este de la capital entrerriana, sobre calle Don Bosco y Avenida Circunvalación, según el texto de la demanda.

Una denuncia que llama la atención, tanto a propios como extraños, ya que hace varios años la Mutual referida viene siendo objeto de denuncias, muchas de ellas través de este Portal, por la deficiencia o irregularidades en la construcción de las viviendas que posteriormente financia.

Sin dudas, la denuncia mas grave, en cuanto a la construcción, fue la realizada por los vecinos beneficiados con las viviendas que pudieron constatar irregularidades en los materiales, incluso enviaron fotografías a este Portal dando cuenta que las paredes se realizaron con telgopor.


Denuncias contra la Mutual que no solo tuvieron como objeto la deficiente construcción, sino también otro de los negocios con los cuales se beneficia la entidad, caso de los prestamos de dinero con intereses calificados de "usureros" y los códigos de descuentos acordados con que el Municipio de Paraná.

Seguramente la mas resonante fue la realizada por el diputado provincial Gustavo Guzmán, quien luego de que le llegara a su poder una nota firmada por el presidente de la Mutual Modelo dirigida al intendente Sergio Varisco solicitándole la suma de un millón y medio de pesos en concepto de adelanto de retenciones.

Nota que desnudaba una grave irregularidad para beneficiar millonariamente a la Mutual con fondos públicos, denuncia aquella que provocaron varias imputaciones por los delitos de negociaciones incompatibles con la función publica y fraude.

Los hechos que ahora llamativamente denuncia Kisser, fueron expuesto en una de las audiencias de la investigación penal preparatoria contra el presidente de la Mutual, puntualmente en la que tuvo como objeto argumentar el pedido de remisión a juicio realizado por la fiscalia y la querella.

Fue la querella quien, en su discurso, expuso ante el juez de garantías, Ricardo Bonazzola y los abogados defensores, entre los que se encontraba el patrocinante de Kisser, estas gravísimas irregularidades que ahora el diputado de Cambiemos denuncia.

Hechos que, cuando tomaron estado publico en este Portal, allá por diciembre del 2015, causaron que la referida Mutual querellara a este medio.

En el escrito Kisser también pidió investigar la responsabilidad que tuvieron, eventualmente, entre otros, “ex titulares del IAPV, Oscar Marelli y Alfredo Francolini y/o quienes integraron en esas gestiones el directorio del organismo y/o quienes tuvieron a su cargo los controles como inspectores de las mismas y/o gerentes técnicos que hayan tomado intervención directa y que sus decisiones hayan sido dirimentes, sin perjuicio de los actuales directivos del IAPV”, así como “los titulares de las empresas constructoras intervinientes” en cualquiera de los tres grupos habitacionales y que totalizan las 800 viviendas (Néstor I. Szczech, Miguel Marizza, Rubén Oscar Grasso, titular/es de Adelco- Viano Construcciones, Caballi S.A.”, y “RP Construcciones) y directivos de la Mutual Modelo y/o cualquier otra persona jurídica o humana” de las que surgiera responsabilidad penal, “cualquiera haya sido su grado de participación en posibles injustos, a título de dolo o culpa, por acción u omisión”.

Se trata de construcciones irregulares que este Portal viene denunciando desde hace tres años, ya que el 7 de diciembre de 2015, bajo el título Escándalo por la construcción de viviendas que financia la Mutual Modelo se difundieron denuncias de vecinos y trabajadores.

Resulta llamativo que al senador le haya tomado tres años hacerse eco de la problemática de los vecinos y, algunos de los damnificados se preguntan si la denuncia penal que presentó ahora se trata de oportunismo político, común en épocas de elecciones, o si el senador y su abogado Pagliotto durmieron la siesta.

Los hechos

Al hacer un raconto de los hechos, Kisser marcó que según información obtenida del IAPV “hay aproximadamente 13.000 familias esperando su vivienda propia, digna y a otorgarse la misma a través de ese organismo oficial”, pero sostuvo que “se ideó un sistema por el cual, y ésto es alevemente violatorio de la función propia del IAPV, para que esta lista de espera de 13.000 familias, sea obviada. En definitiva, terminan siendo “puenteados”. Para ello, lógicamente aparece la idea del negocio inmobiliario de las constructoras, con una Mutual que actuaría como financista, teórica loteadora de terrenos, vendedora de los terrenos donde se construirían estas viviendas, haciendo un gran “negocio”, en apariencia, porque en definitiva, es una estafa”, denunció.

Y detalló: “Hace aproximadamente cinco años, apareció una UTE conformada por Néstor Ivan Szczech, Caballi S.A., y Cemyc S.R.L., haciendo un ofrecimiento para hacer 800 viviendas en la ciudad de Paraná, ofrecimiento que le hacen al IAPV, con el argumento que tenían la anuencia del entonces Ministro de Planificación Federal; Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido, y de los entonces Secretario de Obras Públicas de la Nación, Ing. José Francisco López, y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Arq. Germán Nivello”.

“En función de ello se arma todo un proceso licitatorio, resultando luego como empresas adjudicatarias para construir las viviendas: a) En el caso de San Benito eran 250 Viviendas, y resultaron ser adjudicatarios de la construcción, la UTE, conformada por “Néstor Ivan Szczech – Caballi S.A. – CEMYC S.R.L.” (CUIT 30-71460166-7); b) Para el caso de las 250 viviendas de Colonia Avellaneda, resultaron adjudicatarias las empresas de “Caballi S.A.”, “Szczech S.A.” y c) En el caso de las 300 viviendas de Paraná, resultaron adjudicatarias “Caballi S.A.”, “Adelco- Viano” y “RP Construcciones””. Estas empresas, además, según refleja la demanda, “debían proveer los terrenos.” “Siempre por la información lograda, el ideólogo (i.e., el factótum) de todo este emprendimiento, habría sido el Ing. Miguel A. Marizza (Ex Titular de la Cámara Argentina de la Construcción)”, quien “siempre por lo informado desde el IAPV, trae el negocio armado desde Bs.As.”, agregó Kisser.

“Es importante señalar que no sólo son estas Empresas que se constituyen en UTE para hacer estas viviendas, las que tiene el protagonismo central en esto, sino también la tiene la Mutual Modelo. Es decir, es toda una organización, estructurada y con roles delimitados a los efectos de hacer este emprendimiento, para obtener el resultado que motiva esta denuncia”.

En síntesis, indica en la denuncia Kisser, en base a la información obtenida, que “en el IAPV se toma la decisión de construir las viviendas, y se “arma” –a medida- el pliego de licitación. Recuérdese que toda la operatoria vino “armada” desde Buenos Aires, especialmente desde el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos. Esta sola circunstancia pone bajo sospecha toda la operatoria. Son públicos y notorios los pingües y sospechosos negocios que se han hecho desde ese Ministerio, encabezado a la sazón por Julio Miguel De Vido, en toda la Obra Pública, incluido las viviendas. Nada es casual. Todo es causal. Todo está claramente digitado, determinado y direccionado en la licitación pública. La licitación es solamente una mera formalidad. En concreto, bajo la figura de una supuesta Licitación, acá lo que realmente ha existido, es una contratación directa, para hacer un extraordinario negocio a costa de la necesidad de los que resultaron ser los adjudicatarios de las viviendas”.

En otro punto se refirió a los pliegos de licitación, sobre los cuales sentenció: “Son idénticos; son “sacos a medida” para estas UTE o conjuntos de Empresas”. Y advirtió: “Nadie adquirió otro pliego de licitación, salvo estas Empresas que actuaron y resultaron ser las adjudicatarias de los tres grupos habitacionales señalados”.

En otro extenso capítulo de la presentación, Kisser hace mención a la Mutual Modelo y el pago de la cuota a la que deben hacer frente los adjudicatarios y “la existencia de supuestas dos operatorias”. En un tramo citó una nota de ANALISIS DIGITAL de octubre de este año, donde se daba cuenta “que los vecinos no pueden pagar la vivienda, por el elevado costo que les representa asumir sendos desembolsos mensuales, teniendo en cuenta que tienen que abonar, por un lado, el costo del terreno (plus ganancia producto del negocio inmobiliario/financiero), que está en el orden de los $ 5.000. mensuales, más el canon de uso de la vivienda (que ni siquiera es la cuota pura que debería estar cobrándoseles a esta altura), que también está rondando en ese importe”.

Pruebas y medidas precautorias

Kisser detalla hacia el final del escrito la prueba documental e informativa, testimoniales, pericial técnica e informe socio ambiental que ofrece.

Por otro lado, “a fin de evitar que se continúen irrogando a las 800 familias adjudicatarias perjuicios graves e irreparables, con todas las consecuencias negativas que ello acarrea (en lo moral y patrimonial), a la vez poner coto a una situación delictiva continuada” solicitó “formal y expresamente se ordene a la Mutual Modelo el cese del cobro de cuotas correspondientes al terreno (que ni siquiera es de compra) por ser ellas el mecanismo o modalidad propia de este negocio inmobiliario y financiero, base de la estafa o defraudación, como al propio IAPV, a fin de que como autoridad pública en la materia y responsable directo (e indelegablemente) de velar por la transparencia y legalidad de los procesos referidos a la construcción y adjudicación de viviendas, den certeza y seguridad jurídica a los adjudicatarios de que las cuotas que mensualmente pagan y que extrañamente llaman “canon de uso”, lo son a cuenta de las cuotas normales, regulares y habituales que se abonan en estos planes de viviendas sociales y, a la par, exijan a las empresas constructoras, procedan a sanear los vicios constructivos en forma inmediata y con la calidad que corresponde”.

“Asimismo, entre el IAPV y la Mutual Modelo, deberán solucionar el aspecto concerniente a los costos de los terrenos y, en todo caso, hacerse cargo el Instituto pues, como queda evidenciado, con lo que se ha cobrado la entidad Mutual hasta el momento, se han pagado con creces los costos de adquisición de los mismos y sobre los cuales se habrían emplazado las 800 viviendas”, remarcó.

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Comentarios  
22/11|00:00  [tupacamaruh]  
si hay que investigar.. que se haga. Pero los vecinos a pagar..! pues en definitiva tienen el techo que anhelaban. Avalar el no pago es fomentar la vagancia.....
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