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Más beneficiosa para el amparista
Media sanción al Amparo Ambiental: prosperará incluso si con la acción “anticipa una probabilidad del riesgo ambiental”

Fecha Publicación: 11/10/2018 | Cantidad de Lecturas: 514 

Asimismo, se amplía la legitimación pasiva, el Estado también podrá ser demandado por el deber de “prevenir” daños, incorpora la figura del “Amicus Curiae”, la posibilidad de conciliación y prevé el beneficio de litigar sin gastos aunque solo para las ONG




El pleno de la cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción este martes al proyecto de ley de autoría del diputado, Jorge Monge (UCR en Cambiemos), por el que se introducen modificaciones a la ley N° 8.369 de Procedimientos Constitucionales con la incorporación de un nuevo Capítulo sobre la Acción de Amparo Ambiental. .

De manera unánime los legisladores de la cámara Baja, acompañaron favorablemente el despacho de las comisiones de Legislación General y de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente sobre esta iniciativa que pasó ahora al Senado para su tratamiento.

El texto del dictamen, en su artículo 1°, deroga por completo el Capítulo V de la Ley N° 8.369 incorporado por el art. 16º de la Ley 9550 cuyos artículos 62º, 63º, 64º y 65º el cual regula la Acción de Amparo Ambiental, reemplazando por completo el proceso judicial.

Entre las nuevas disposiciones de importancia, el dictamen con media sanción, dispone en el Artículo 62º, “La Acción de Amparo procede contra todo hecho o acto, lícito o ilícito, que por acción u omisión anticipe la probabilidad de riesgo, lo haga posible o cause daño ambiental”, ampliando así el objeto de la misma.

En la regulación vigente se prevé “cualquier decisión, acto, hecho u omisión”, tiene que, “en gorma ilegítima”, lesionar, restringir, alterar, impedir o amenazar intereses difusos o colectivos de los habitantes”, expresando asimismo que la acción se interpone para prevenir un daño inminente o la cesación de perjuicios actuales susceptibles de prolongarse o reponer las cosas al estado anterior cuando fuere probable, es decir, cuando ya hubo un daño.

Con la nueva disposición, se interpreta, que la acción procede incluso si se anticipa la probabilidad de un riesgo, no solo frente al posible o concreto daño ambiental.

Por otro lado el proyecto con media sanción adecua el concepto de protección del ambiente a lo previsto a la ley nacional que lo utiliza en su sentido más amplio, entendiéndose por garantizar “derechos humanos a la vida, integridad y salud, ecosistemas, corredores biológicos, diversidad biológica, fuentes de agua, agua potable, cuencas hídricas, agua superficial y subterránea, acuíferos, humedales, montes nativos, selvas ribereñas, suelo, aire, flora, fauna, ambiente urbano, paisajístico, histórico, cultural, artístico y arquitectónicos”.

Entre otras reformas, el proyecto del diputado Monge incorpora la figura del “Amicus Curiae” (amigo de la Corte o del tribunal), permitiendo asi presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar en la resolución de la materia objeto del proceso.

La nueva disposición asimismo amplia la legitimación activa, o mejor, las readecua a la realidad jurídica, incluyendo expresamente al El Defensor del Pueblo de la Provincia, el Defensor del Pueblo del Municipio o Comuna, y el Estado Nacional, Provincial, Municipalidades o Comunas, agregando que si uno de ellos lo deduce, el resto no podrán interponerlo los restantes, salvo que intervengan como terceros.

La ampliación también puede interpretarse en la legitimación pasiva, al menos expresamente, incorporando expresamente el proyecto la posibilidad de deducirla contra quienes deben o fueren responsables de prevenir el daño, no solo contra quien debe evitarlo, entendiéndose que se trata del Estado, sea Municipal o Provincial.

Entre otras de las propuestas del dictamen se incorpora el beneficio de litigar sin gastos para las ONG, normativa cuestionable si tenemos en cuenta la ausencia en la misma de los ciudadanos comunes, quienes muchas veces no se animan a interponer la Acción de amparo, pro si, o en conjunto con otros vecinos, por temor de cargar con las costas ante la imposibilidad de probar el daño o la probabilidad del riesgo.

Más aún si, como es sabido, los jueces suelen fijar importante y cuantiosas sumas de dinero, de varias cifras, a los abogados que patrocinan o representan no solo a los privados o públicos demandados sino también a favor del letrado de la parte actora, en ambos casos, cargando con el pago el ciudadano de a pie que simplemente quiere evitar un daño o riesgo ambiental.
Por otra parte, también impone una serie de medidas que debe realizar el juez, es decir, no lo faculta sino que, de corresponder, tiene que hacerlo.

“Comprobado el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad, se declarará la procedencia de la acción de amparo ambiental, despachándose en un mismo acto: a) Requerimiento de expedientes administrativos o judiciales que se hubieren individualizado en la demanda. b) Mandamiento de constatación de lugares y/o cosas. c) Cuando lo considere necesario, solicitar a entidades científicas de reconocida solvencia información sobre la cuestión; d) Intimación a presentar documental o instrumental en poder de la demandada o de los terceros”, reza el articulo 69 propuesto.

Agregando, y aquí una innovación a la normativa actual la posibilidad que tiene el juez de, si así lo considera pertinente y las particulares circunstancias del caso lo ameritan, de convocar a las partes a audiencia de conciliación a realizarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de interpuesta la acción.

Un caso de gran resonancia y que repercutió enormemente en la opinión publica que seguramente hubiera tenido otro resultado judicial de estar vigente la normativa propuesta se suscitó en marzo del 2017 con la interposición del amparo ambiental por parte de los diputados provinciales Gustavo Guzmán y Gustavo Zavallo por gravísimas irregularidades y existencias de riesgos al ambiente en virtud del loteo emplazado en el Acceso Norte de propiedad de la Caja Previsión del Médicos y Bioquímicos de Entre Ríos y ejecutado por empresa Norvial Servicios S.A.

Una urbanización que se encuentra paralizada en virtud de una disposición del intendente Sergio Varisco, por las graves irregularidades constatadas no solo en el trámite administrativo que se llevó adelante para su factibilidad y habilitación, sino también que se hicieron manifiestas en el juicio de amparo, el cual, a pesar de la gravedad de las mismas fueron desoídas por el juez que entendió en el mismo, rechazando la acción.

La obra, de propiedad del Sistema de Previsión para Médicos y Bioquímicos de la Provincia, el cual está presidido por Roberto Gebhart, llamativamente, obtuvo la factibilidad y permiso para el inicio de los trabajos a tan solo 7 días del cambio de autoridades municipales, despertando así una serie de sospechas contra quienes por ese entonces tenían a cargo otorgar los mismos, Abelardo Llosa y Xavier Bilbao, ambos funcionarios de la gestión de la ex intendenta Blanca Osuna y actuales funcionarios provinciales.

Asimismo, del expediente municipal surgieron varias anomalías en la documentación presentada por Gebhart y sus representantes, primero fue el turno de una ingeniera que denunció no haber realizado ni firmar ninguno de los informes ambientales presentados, puntualmente el plan de gestión ambiental y el informe hidrológico-hidráulico, siendo denunciado este hecho ante la justicia penal.

Luego en sede penal se constató que la firma de la misma no estaba en ninguno de dichos documentos, apareciendo el nombre y la firma de otro ingeniero, Ricardo Ruiz, quien no poseía matricula habilitante para ejercer en la Provincia, siendo denunciado ante Fiscalía el mismo por usurpación de título.

Por otro lado, desde Vialidad provincial, se presentaron varias intimaciones y pedidos de paralización de los trabajos que se estaban realizando en suelo de propiedad de dicha repartición provincial sin ninguna autorización como también por faltarle cierta documentación exigida por esta.

Sin embargo, a pesar de estas anomalías, en sede judicial el resultado fue adverso, a juicio del magistrado porque no se pudo demostrar la inminencia del daño ambiental.

Sentencia llamativa ya que de solo constatar la zona, algo que el juez nunca ordenó, se puede observar las características de su inundabilidad.

Inundabilidad que se agravaría con el emplazamiento de una urbanización de 352 nuevas viviendas, sumándose las deficiencias de los materiales utilizados en la construcción, los cuales, por su escasa magnitud, harían colapsar el sistema cloacal previsto para las 352 futuras viviendas.

Frente a esto, la inundabilidad no solo provenida de las aguas pluviales y de las napas freáticas que se encuentra casi al ras de la superficie, sino también de los desechos organismos provenientes de un deficiente sistema cloacal, provocando daños al ambiente y a la salud de los vecinos.

Acumulación de agua que dañaría propiedad del estado provincial caso de la ruta del Acceso Norte la cual se vería directamente afectada por el caudal, provocando asimismo que el agua se estaque a la vera de la misma, algo que a su vez trae aparejado consecuencias mortales en los accidentes de tránsitos.
A estas severas consecuencias había que sumarle la falta de previsión por parte de los empresarios y del Municipio que lo habilito caminos apropiados para el ingreso y egreso de los innumerables vehículos que utilizarían las 352 familias emplazadas en el mismo en una zona donde la seguridad vial presenta un índice de mayor riesgo en virtud de que la urbanización se emplazó sobre el Acceso Norte, sitio por donde se registra un registro de transitabilidad superior a cualquier otra arteria de la ciudad.

Como se puede apreciar, el riesgo de daño ambiental en el sentido propuesto por la nueva normativa, esto es, garantizar los “derechos humanos a la vida, integridad y salud, ecosistemas, corredores biológicos, diversidad biológica, fuentes de agua, agua potable, cuencas hídricas, agua superficial y subterránea, acuíferos, humedales, montes nativos, selvas ribereñas, suelo, aire, flora, fauna, ambiente urbano, paisajístico, histórico, cultural, artístico y arquitectónicos” estuvo demostrado.

Sin embargo, para el magistrado, ni el daño ni su inminencia surgieron de las pruebas colectadas, argumento que lo animo a desechar la acción de amparo.

Más allá de lo cuestionable del juez, con esta reforma propuesta al Amparo ambiental, se entiende que dicha resolución desechando la demanda no hubiera tenido asidero en razón de incorporar la normativa el posibilidad de entablarla para si tiene como objeto “anticipar la ´probabilidad de riesgo al ambiente”.

Una propuesta legal que promete ser mucho más beneficiosa para el amparista con la ampliación de la legitimación pasiva, la incorporación de la figura del “Amicus Curiae” y la posibilidad de conciliación, siendo, lo único cuestionable, la posibilidad del beneficio de litigar sin gastos solo para los beneficiarios, norma que deja al margen a los ciudadanos que se animarían a presentarse ante la justicia a reclamar frente los constantes daños ambientales a que se ven expuestos.

A continuación el texto de reforma con media sanción:

Reforma a la Acción de Amparo Ambiental http://www.hcder.gov.ar/archivosDownload/textos/E22608-15-09102018Do.pdf

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