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Juicio insólito y polémico
La justicia falló a favor de la empleada querellada por calumnias e injurias por el director del IAFAS

Fecha Publicación: 05/07/2018 | Cantidad de Lecturas: 1342 

El Dr Marciano Martínez fue durísimo en sus alegatos con las abogadas querellantes, la titular del Registro Civil y Capacidad de las Personas y la delegada de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná




Un caso que provocó mucha polémica cuando tomó estado público la querella por calumnias e injurias que el director del IAFAS, Gabriel Abelendo, le interponía a Eliana Berón, empleada del organismo.

En el 2016, Berón, brindaba una conferencia de prensa denunciando las situaciones de acoso, abuso de poder y violencia que se ejercía sobre un grupo de los empleados del organismo, y en especial sobre las mujeres.

En la conferencia de prensa, donde también participaron dirigentes gremiales, se apuntaba a Abelendo como centro de las serias acusaciones.

Ello motivó una serie de cartas documento enviadas a Berón, culminando con la interposición, ya en sede judicial, de una querella por injurias y calumnias suscripta por Abelendo contra su empleada.

La polémica y las críticas contra el director del IAFAS se escucharon de distintos ámbitos, no solo el gremial, sino también en lo judicial y sobre todo, en la opinión pública.

En todos los casos, los cuestionamientos indicaban lo impensado que resultaba haberse animado a denunciar violencia de género y acoso en el ámbito laboral, algo que no ocurre en muchos casos en virtud de estar en juego la fuente de trabajo, y terminar enfrentando un juicio penal oral y público.

Un juicio inédito, no para probar si existió o no violencia o maltrato en el ámbito del IAFAS, sino para establecer si Berón incurrió en un delito al haber “afectado” su honor por sus dichos.

En el objeto de la querella Abelendo le reclamaba a Berón el pago de un resarcimiento de $ 50 mil, algo que le valió varias críticas no solo al querellante sino también al cuerpo de abogadas que representó al director del IAFAS.

Objeto que avivó notablemente la polémica que ya generaba el caso, sumándose los comentarios de varios sectores y agrupaciones que propenden y luchan por la defensa de los derechos de las mujeres, batallando diariamente contra la desigualdad de género.

El director del IAFAS estuvo patrocinado por la titular del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Vanesa Visconti y la abogada integrante de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, Candela Bessa.

Tal fue la polémica, que algunos comentaron en Tribunales, fue el fundamento para que las patrocinantes finalmente declinaran en la cuantiosa pretensión de reparación patrimonial exigida en principio por Abelendo contra la dependiente del IAFAS, solicitando en sus alegatos el pago de la multa mínima, de $1.500, como también despertado nuevamente críticas, le exigían pedirle disculpas públicas al director del instituto, más el pago de honorarios y costas y la obligación de pedir disculpas públicas.

Enfrente de la polémica estuvo Berón junto a su abogado defensor, el reconocido letrado Marciano Martínez, quien en sus alegatos fue durísimo contra las abogadas querellantes.

A la hora de exponer sus argumentos defensivos Martínez consideró que “parece que hubiera un cambio de roles. Abelendo no está acusado. Él es el acusador. Entonces, el acusador se transforma en acusado. Pero hace bien en sentirse acusado. Porque esto es consecuencia de una acción de la patronal contra un empleado, una patronal dura, arbitraria, autoritaria”.

Contradijo a los representantes de la querella, que señalaron que no querían hacerle pagar una multa excesiva por tratarse de una empleada. “No es así. Pidieron 50 mil pesos. Está escrito. No hay bondad, como habla la abogada de Abelendo, que dicen que no piden pena porque no se animan a ir contra una trabajadora. En la demanda está que son 50 mil pesos. Varios sueldos. Esa es la actitud represiva de Abelendo”, sostuvo.

“Quería todo: calumnias, injurias, más la acción civil de 50 mil pesos. Y dijo que iba a donar esa plata. Esa es la bondad. El juez de Garantías (Mauricio Mayer) bajó la acción por calumnias. No hay ningún delito imputado. El delito debe ser claro y preciso. Y se olvidaron de la demanda civil. No la hicieron. No probaron el daño. El daño hay que probarlo. Lo que quedó probado, sin embargo, es la personalidad de Abelendo, que es autoritario”, afirmó Martínez

Asimismo, el abogado defensor negó que se tratara de una cuestión privada. “Esto es de interés público. Es un hombre que representa al Estado, por eso es público. Las críticas son por ser funcionario público, no por ser Abelendo; es por su función. Es una contradicción: Abelendo es un director obrero, que tiene que estar al servicio de obrero. Pero acá hemos escuchado a mujeres que se han quebrado, que contaron el sufrimiento que han pasado, perseguidas por el director obrero. Qué contradicción. Mi defendida tuvo el coraje de decir lo que dijo sabiendo que iba a tener represalias, que todavía siguen. Lo hizo en rechazo a esta conducta arbitraria, antidemocrática. Mi defendida no dijo que era ella sola la víctima; también habló de otras víctimas. Hay un interés público”, apuntó.

El abogado reprochó la pasividad de los organismos del Estado, que no actuaron aún cuando estaban al tanto de las denuncias en Iafas. “¿Quién lo controla a Abelendo? A las mujeres siguen matándolas, violándolas. Tenemos una mentalidad machista y autoritaria. Pensamos que el funcionario público es un funcionario indemne”, aseguró Martínez.

Al final, pidió que se absuelva a su clienta de culpa y cargo: que se dé por terminada la acción penal. “No quiero sobreseimiento –aclaró-. Quiero que se rechace la querella, porque no hay delito, y se la absuelva de culpa y cargo”.

Una causa que culminó en la jornada de hoy con la sentencia del juez Rafael Cotorruelo, quien, absolvió de culpa y cargo a Berón por el delito de injurias que le reprochó Abelendo a través de y lo condenó al funcionario del Iafas a asumir las costas del proceso y el pago de honorarios.

Sin embargo, la polémica inicial de la causa se hizo manifiesta en la audiencia de este jueves al mediodía con motivo de aquella resolución.

Tan es así, que el juez tuvo que suspender por un tiempo la audiencia en virtud del alboroto que generaron las organizaciones de mujeres y militantes gremiales, comentándose en los pasillos de tribunales que por temor al escrache las abogadas querellantes prefirieron ausentarse de la audiencia dejando a Abelendo con la representación del abogado Julio Trillo.

Sobre los fundamentos, si bien los mismos se darán a concoer el martes 24 de julio, Cotorruelo adelantó que quedó probado, tanto por los dichos de la querellada como por los testimonios de los testigos, que Berón participó de una conferencia de prensa el 20 de octubre de 2016 en ATE, y que en esa ocasión señaló que ella y otras trabajadores de Iafas eran víctimas de los abusos de poder de Abelendo. “Las mujeres estamos siendo atacadas y no sabemos cómo defendernos”, recordó el juez que dijo Berón.

Cotorruelo señaló que la querella habló de que hubieron otras expresiones de Berón, pero que no fueron expuestas en el juicio. Y por eso les recordó a las ausentes querellantes que “en el marco del proceso penal, la imputación de un delito tiene que ser clara para permitir el ejercicio del derecho de defensa”.

El juez observó otra “deficiencia” en la querella: no se ha consignado en el objeto procesal el modo, tiempo y lugar que ocurrieron los hechos. “Pero no voy a sancionar con nulidad este proceso”, aclaró. Recordó que Berón nunca negó haber dicho lo que Abelendo le reprochó, pero que ello no constituyó delito.

Dijo que sus expresiones no constituyeron delito, y que más bien deben enmarcárselas en el derecho de libertad de expresión que tiene todo ciudadano. Y recordó el carácter de funcionario público de Abelendo, que por tanto está expuesto a los cuestionamientos y las críticas. “Una expresión injuriosa contra un funcionario, por más que sea falsa, queda desprovista de sanción punitiva”, aclaró el magistrado.

“No se puede obligar a pedir pruebas de verdad porque no estamos frente a un delito. Nadie se puede amparar en la injuria para suprimir las críticas”, aseguró Cotorruelo, que hizo una fuerte defensa de ese derecho en su fallo.

“No se trata de asuntos privados. Lo hechos que relató Berón y los testigos solo pudieron ser cometidos como ejercicio de un poder, que no pertenece al particular, sino que le fue conferido. Y por lo tanto, como todo funcionario público, Abelendo debe rendir cuentas en forma permanente -señaló Cotorruelo-. Los que ocupamos una función pública estamos expuestos a las críticas, y debemos rendir cuenta en forma permanente”.

“Las consecuencias que pudieron tener estas declaraciones -presuntamente injuriosas- tampoco las convierte en asunto privado, si es que se afectó la fama o la honra. Si fueran falsas, cosa que no he analizado, o mal intencionadas, eso de ninguna manera las convierte en un asunto privado, sigue siendo público”, aseveró.

“Entiendo que la conducta de Berón deviene atípica, y por tanto no acarrea responsabilidad penal”, dijo el juez.

Palabras del magistrado que, comentan los presentes, hicieron estallar de aplausos al salón entero que acompañó a Berón en este polémico caso judicial.

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