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Inédita formulación de acusación
Solicitaron la inhabilitación de la Mutual Modelo para comercializar con el Estado

Fecha Publicación: 06/06/2018 | Cantidad de Lecturas: 3609 

De prosperar el pedido de la querella, constituirá un precedente histórico en la lucha contra la corrupción por parte de la justicia entrerriana



Este martes ingresó a la Oficina de Gestión Audiencia un inédito pedido de formulación de acusación penal con su correspondiente aplicación de pena.

Una formulación sin precedentes en la justicia entrerriana que pretende llevar a juicio oral y público a una persona jurídica de carácter privado por un delito de corrupción.

Es sabido que en este tipo de ilícitos, necesariamente, intervienen dos partes perfectamente distinguidas, aunque a la hora de la aplicación de una pena, cuando se determina la responsabilidad, las sanciones más graves únicamente en el funcionario público, la más leve en el empresario quien para la ley penal es participe, produciéndose una exención hasta de investigación para las empresas, entidades, sociedades o asociaciones que se beneficiaron con el resultado pecuniario del hecho delictivo.

Un resultado que en la mayoría de las veces incluyen cifras millonarias para estas personas jurídicas privadas que han evadido el accionar de la justicia y, a pesar de los ilícitos, siguen actuando y protagonizando acuerdos o convenios, es decir, actos de comercio, con la administración pública.

Justamente, con la intención de evitar esto y apuntando a aquellas entidades que a pesar de tener antecedentes de hechos de corrupción, siguen ejerciendo actos de comercio sin ningún tipo de sanción, el 1° de diciembre del 2017 se publicaba en el boletín oficial nacional, la ley 27.401.

Una ley que responsabiliza penalmente a las personas jurídicas de carácter privado previstas en el Código Civil y Comercial en algunos de los delitos, algo que es cuestionable en virtud que el ilícito con más arraigo en la administración pública, el peculado, quedó fuera de aplicación.


Más allá de la crítica, lo cierto es que el miércoles de la semana pasada, desde la Justicia entrerriana se conocía el pedido de la fiscal patricia Yedro realizado al juez de transición, Dr. Bonazzola solicitando la remisión de la causa a juicio de la investigación penal que tiene como importado al intendente de Paraná Sergio Varisco, a otro funcionario municipal y al presidente de la Asociación Mutual Modelo.

Para la Dra. Yedro, la investigación ya está concluida, encontrando en la misma elementos probatorios concluyentes que indican que los imputados son penalmente responsables de hechos de corrupción cometidos en el Municipio de Paraná los delitos de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

Un escrito contundente de la fiscal en donde también se anticipa el pedido de pena correspondiente a los mismos: prisión para los funcionarios y el privado e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargo público, lógicamente, solo para los funcionarios.

Este martes, adhiriendo a lo planteado por la fiscal, la querella presentó un pedido similar ante el juez de transición, aunque, el mismo también contenía un pedido firme de acusación contra la Asociación Mutual Modelo.

Una entidad conocida en la ciudad de Paraná, que no solamente tiene acuerdos comerciales con la Municipalidad de Paraná, sino también con varios organismos y áreas del gobierno Provincial.

Una Mutual que también es citada como parte de la maniobra irregular en la causa penal donde están siendo investigados el ex titular de Sidecreer y varios ex funcionarios provinciales por corrupción.

En el caso puntual de la causa que penal que encabeza el intendente Varisco, según los elementos probatorios, tanto este como el titular de la entidad, en la comisión de delictiva el único fin u objeto del adelanto millonario fue beneficiar a la referida Mutual.

En este sentido la ley de responsabilidad de las personas jurídicas privadas, calidad que presenta la Mutual Modelo, es clara, haciendo responsable penalmente a la misma por el delito de negociación incompatible con la función pública, “que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio”.

Disposición legal que fundó el escrito presentado por la querella, la cual pidió la sanción de la suspensión para participar en cualquier actividad vinculada con el Estado.

Una sanción sin precedentes en la justicia entrerriana que tiene como fin ponerle un coto a las irregularidades que cometen las inescrupulosas empresas o entidades que son parte necesaria en los actos de corrupción y no son responsabilizadas por su accionar.

Maniobras recurrentes de este tipo de instituciones que son conocidas en el ámbito de la política, siendo conocidos por todos la esputación que realizan las mismas con las esferas del poder para obtener cuantiosos beneficios económicos que aumentan notablemente sus patrimonios convirtiéndose en millonarias.

Una situación que también es sabida por la gran mayoría de los integrantes del poder judicial que han accedido a su cargo en virtud de su proveniencia del sector político o de la mano del sector político, realidad que de ninguna manera pone en duda la capacidad e idoneidad de los mismos.

En la causa penal de fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, la maniobra irregular cometida por las autoridades de la mutual modelo en interese exclusivo de esta, es manifiesta.

En ella, es notable que el intendente y el presidente de la mutual modelo, tuvieran la intención de otorgar un millón y medio de pesos a la entidad, situación que la convierte en beneficiaria del destino de dichos cuantiosos fondos.

Esta circunstancias, junto al entramado que existe de trasfondo en virtud de los cuestionados códigos de descuentos con que se beneficia la mutual y que motivaron el pago millonario del Municipio a la Mutual, los cuales perjudican enormemente a los trabajadores municipales que en la imperiosa necesidad toman créditos de estas financieras encubiertas, son el sustento del pedido de pena a la entidad.

Una entidad que, en caso de prosperar el pedido de la querella, algo que se espera de la justicia entrerriana debido a que constituiría un precedente histórico en la lucha contra la corrupción, por varios años no podrá mantener o llevar adelante ningún tipo de actividad comercial con el estado.

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