Mientras el intendente Sergio Varisco declaraba este lunes ante el juez Leandro Ríos en la causa en la que está imputado como supuesto financiador de una red de narcotráfico, se realizaron allanamientos el palacio municipal y en Tesorería.

La Policía Federal llegó al municipio alrededor de las 8 de la mañana con más de 15 efectivos que se hicieron presentes en el lugar y dejaron incomunicados a los empleados de las áreas requisadas.

Los uniformados tenían un objetivo claro en su búsqueda: los listados de los contratados de los concejales de Cambiemos Pablo Hernández y María Marta Zuiani.

Los nombres de ambos ediles habrían aparecido en la libreta de Varisco que la policía secuestró en los allanamientos del 8 de mayo. Fue el propio intendente, que durante el procedimiento estaba en Buenos Aires, quien confirmó que anota a mano todas las actividades, reuniones, pagos y movimientos que realiza.

Hernández, luego de que su nombre figurara también en las escuchas sobre la causa, declaró este lunes ante el juez Ríos, quien ordenó su detención, por lo que fue trasladado durante la tarde a la Unidad Penal Nº1 de la capital provincial.

La policía también confiscó las carpetas con la información acerca de todos los contratados, adscripciones y módulos del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante, pero haciendo foco en Hernández y Zuiani.

Los empleados presentes comentaron que los dejaron incomunicados durante toda la mañana, hasta las 13 horas, y que quienes tenían la clave del sistema debieron entregársela a los efectivos para que pudieran acceder a más datos.

La nota de color de la mañana ocurrió alrededor de las 8, cuando una mujer ingresó al municipio y dijo “esto es un allanamiento”, ante lo cual los presentes estallaron en una carcajada, hasta que detrás de ella ingresaron más de 15 policías de la Federal.

También se supo que los cuatro encargados de liquidaciones no se encontraban en el palacio municipal en el momento, por lo que debieron buscar al director coordinador, Darío Beltzer, que habría estado en la oficina de Ana Sione, secretaria de función pública.

Además, comentaron que apenas se enteró de los allanamientos, el funcionario Roberto Sabbioni, quien pidió licencia de su cargo, se acercó hasta el municipio rápidamente.

Según sostienen los que estaban presentes, Sabbioni quiso entrar a la oficina de recursos humanos que estaba siendo allanada con evidentes gestos de susto y preocupación, pero los efectivos de la federal le pidieron que se retirara.

Afirman que era tal la insistencia del funcionario, que pretendía a toda costa superar el cordón policial e ingresar al despacho, que los efectivos lo obligaron a apartarse bajo la amenaza de detenerlo si no permitía el normal desarrollo del operativo.

Tras estos nuevos allanamientos, se complicaría aun más la situación de Hernández, detenido desde ayer, y aparecería implicada también Zuiani, ya que sus nombres estaban en la agenda secuestra a Varisco y entre los contratos habría nombres que complican su situación.

Fue Celis, imputado y con prisión preventiva por el presunto delito de robo y narcotráfico, quien la semana pasada declaró bajo la figura de arrepentido y complicó la situación procesal de Varisco y varios funcionarios, entre los que se encuentran Hernández y Griselda Bordeira, que también fue detenida el lunes luego de presentarse ante el juez para su indagatoria.

Celis habría mencionado al concejal Hernández como uno de los vínculos clave en las negociaciones y se habría referido a Bordeira, a quien le reclamaba por los supuestos incumplimientos de Varisco.

Además, el sindicado como narcotraficante habría asegurado en su declaración que Varisco sabía de sus actividades ilícitas realizadas con recursos municipales y le habría prometido que no se le iban a poner trabas durante su gestión.

Por otra parte, Celis habría afirmado que hubo movimientos de dinero relacionados al comercio de estupefacientes en el que Varisco habría tenido participación, por lo que el juez imputó al intendente como financiador de la red de narcotráfico, algo que confirmó uno de sus defensores, el abogado Rubén Pagliotto.

Si bien los allanamientos de este lunes en las dependencias municipales no causaron el impacto en la ciudadanía que tuvieron los realizados a principios del mes pasado, en lo que significó un operativo sin precedentes en el palacio municipal y en domicilios particulares de Varisco y funcionarios, el procedimiento tendría gran incidencia en la causa judicial.

Luego de la declaración de Varisco y el resto de los imputados, el juez Ríos tendrá 10 días para definir su situación procesal, que se vería aún más complicada tras los allanamientos de este lunes.