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Causa escuela de Vialidad
Rodríguez y Kemerer fueron condenados a prisión condicional e inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos

Fecha Publicación: 05/06/2018 | Cantidad de Lecturas: 3303 

El ex director administrador de Vialidad recibió 2 años y 6 meses y el ex director de mantenimiento, 2 años y 4 meses, ambos fueron encontrados culpables de peculado







El tribunal conformado por los jueces Gervasio Labriola (presidente), Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta dio a conocer este martes el veredicto en la causa que investiga el desvío de fondos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para montar una escuela pública de gestión privada.

Según el juez Labriola, “nada de lo planteado por los acusados tiene asidero”, y consideró que sus funciones son incompatibles para la creación de una escuela.

Por ese motivo, ex director administrador de Vialidad Jorge Rodríguez, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional y Néstor Kemerer, entonces director de mantenimiento, recibió 2 años y 4 meses.

Además, ambos fueron inhabilitados perpetua y absolutamente para ejercer cargos públicos.

Los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa solicitaron 4 años de prisión efectiva, más inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, para el extitular de la (DPV, Jorge Rodríguez, y Néstor Kemerer, exdirector de Mantenimiento y Suministro y actual candidato a la conducción del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever). Al merituar la pena, los acusadores consideraron como atenuante que los acusados no cuentan con antecedentes penales.

En tanto, levantaron la acusación que pesaba sobre Mario Heyde, ex subdirector del DPV, por entender que no participó del delito que se le endilga a los otros dos acusados. Este lunes fue la última jornada del juicio que comenzó el 14 de mayo ante el Tribunal integrado por los jueces Gervasio Labriola (presidente), Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta.

La fiscal Yedro señaló que a lo largo del juicio se comprobó que Rodríguez y Kemerer no tenían competencia para disponer de dinero de Vialidad a la construcción y pago de sueldos de docentes de la escuela Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada el 5 de marzo de 2014 bajo la consigna de “primera escuela vial del país”.

La acusadora subrayó que Rodríguez y Kemerer impulsaron el proyecto de la escuela con el fin de “promocionarse políticamente” a nivel provincial y nacional. En ese sentido, recordó que una docente contó que en 2014 eran convocados por las autoridades de la escuela para participar de actos políticos.

A su vez, mencionó que una de las irregularidades que quedó en evidencia durante el juicio fue que Vialidad le cedió en comodato a 20 años a la Asociación Civil Los Viales, que presidía Kemerer, un predio que pertenece al Gobierno de la provincia. También indicó que quedó demostrado que la asociación se creó el 4 de agosto de 2014, y que se encontraron contratos docentes antedatados a febrero de ese año.

En ese marco, mencionó que entre la obra de refuncionalización de los galpones donde se instaló la escuela, las donaciones por parte de la Dirección de Mantenimiento y Suministros, que dirigía Kemerer, y el pago de salarios docentes, se desviaron más de 4 millones de pesos.

Yedro puso de resalto que “de ninguna norma surge que Vialidad tenga facultades para crear una escuela” y que esa circunstancia fue mencionada por Nanci Vinagre, Auditora del Tribunal de Cuentas; y que también lo advirtió, en junio de 2014, Patricia Palleiro de Todoni, directora de Escuelas Privadas del CGE.

Luego refirió que incluso Kemerer lo reconoció en una nota fechada en septiembre de 2014, cuando hizo un descargo al Tribunal de Cuenta. En aquel escrito, el funcionario de Vialidad sostuvo que el organismo no tenía facultad para tener una institución educativa.

Más adelante, la fiscal sostuvo que la idea de la creación de la escuela fue introducida por los imputados cuando el jardín maternal Los Vialcito fue incorporado a la estructura de Vialidad el 1º de octubre de 2013. “La creación del jardín maternal es producto de la paritaria. Si siguió por los caminos normativos, legales, tuvo un acto administrativo que sustentó su creación y por eso los docentes se encuentran vinculados a la Dirección de Mantenimiento, con un contrato de servicio”, explicó Yedro y agregó que esa misma fecha, Rodríguez y Kemerer presentaron al Consejo General de Educación (CGE) la nota peticionando crear la escuela primaria.

Para la fiscal, ese fue el modo que encontraron los acusados de introducir su proyecto para promocionarse políticamente. “No cabe más que concluir que el proyecto de creación de la escuela no fue una manera de acompañar a los padres, sino más bien la concreción de un proyecto de Rodríguez y Kemerer para promocionarse políticamente, obteniendo reconocimiento y mérito ante sus pares provinciales y nacionales”, dijo.
En este punto, recordó que Marcela Kraneviter, licenciada en Psicopedagogía que participó del proyecto de creación de la escuela, declaró en el juicio que las autoridades del establecimiento los convocaban para participar de actos políticos, entre ellos el de la apertura de sesiones del Congreso de la entonces presidenta Cristina Kirchner, en 2014.

Por otro lado, la fiscal también reprochó que se hayan usado fondos del organismo para pagarle los sueldos a los docentes, y que a estos se los haya contratado como personal vial. Además, manifestó que ambos ocultaron esa realidad al CGE. Asimismo, advirtió que la cuota originaria que se les cobraba a los alumnos cuando Vialidad sostenía la escuela era de 250 pesos, pero cuando la institución obtuvo el reconocimiento económico del CGE subió a 1100 pesos.

“Si analizamos esta cuota originaria advertimos que a la fecha cuando todos los cargos están reconocidos y el número de alumnos se ha incrementado y cuando existe una comisión de padres haciendo eventos para sustento económico, la cuota es de 1110 pesos. Y eso porque los gastos debe hacerlo la institución privada”, concluyó Yedro.
En cuanto a la asociación civil Los Viales, la fiscal también resaltó que fue creada por “el círculo más cercano” de los imputados. “Desde la secretaria de Rodríguez, hasta aquellos que trabajaban en la dirección de Kemerer”, afirmó.

En ese sentido, recordó que algunos integrantes de la asociación que testificaron en el juicio dijeron que la organización nunca tuvo actividad; y que al día siguiente de la constitución de la asociación, el 5 de agosto de 2014, Vialidad cedió en comodato por 20 años el inmueble del Estado provincial donde actualmente funciona la escuela.
“Como si fueran dueños afectaron un inmueble por un lapso definitivo. Lo hicieron por un plazo de 20 años que lo transforma en un acto de disposición gratuita”, consideró.
La fiscal remarcó que a la fecha de constitución de la asociación civil, aún no contaban con la inscripción en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, cuestión que se llevó a cabo el 7 de agosto.
Más adelante, la fiscal manifestó que Rodríguez y Kemerer también perjudicaron a los docentes, ya que fueron contratados como empleados viales y que ello los afectará al momento de jubilarse.

“Los docentes se jubilan teniendo 25 años de antigüedad. A las docentes que inauguraron la escuela, cuando lleguen a cumplir 25 años le van a faltar dos para jubilarse, porque esos dos están como agentes viales”, explicó la acusadora.
A su tiempo, el fiscal Alejandro Cánepa subrayó que el delito que se les imputa es el de peculado, por haber sustraído dinero de Vialidad para otro fin y aclaró que a los acusados no se los acusa de haberse apropiado dinero del organismo.

En cuanto a Heyde, el fiscal informó que no será acusado y por tanto solicitó su absolución por cuanto no hubo testimonios que lo involucren en el caso. Para el representante de la Procuración, Heyde quedó comprometido por una “maniobra de Rodríguez”, que le ordenó que firmara el contrato de comodato por la que se le cedió el predio a la asociación civil.

A su tiempo, el abogado defensor de Rodríguez, Miguel Ángel Cullen, pidió la absolución de su cliente y Kemerer, al entender que no cometieron ningún delito. Para el letrado, los acusados llevaron adelante un acto que está amparado por la Constitución nacional: la promoción de la educación a través de la creación de una escuela.

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