En la mañana del martes se realizaron en Paraná allanamientos simultáneos en el palacio municipal, en los domicilios particulares del intendente, de funcionarios y concejales, en el Concejo Deliberante y en dependencias del gobierno local.

Se trató de un operativo de la policía federal sin precedentes en la ciudad que sacudió a la opinión pública y que hizo sentir a los vecinos paranaenses que se encontraban en la filmación de un episodio de la nueva temporada de la serie Narcos.

Como en el especial de Netflix que narra la vida de Pablo Escobar Gaviria, la policía, cumpliendo órdenes de la Justicia Federal, ingresó con barretas y amoladoras al municipio y a las propiedades privadas en busca de estupefacientes y documentación y hasta rompió paredes para intentar hallar dichos elementos en caletas y escondites secretos.

Asimismo, hechos anteriores relatados por una importante funcionaria que indicaban de tareas de seguimiento e inteligencia previas a los allanamientos hacían parecer a la sociedad paranaense que se encontraba inmersa en un episodio de la afamada serie de streaming, aunque, en este caso, la realidad superaba a la ficción.

Si bien en la tarde de ese martes el intendente encabezó una conferencia de prensa en la que aseguraba que estaba tranquilo y “a disposición de la justicia”, desde su círculo más íntimo sostienen que los allanamientos se enmarcan en una operación política para desestabilizar su candidatura a la gobernación en 2019.

Según afirman Varisco y sus allegados, el procedimiento se dio luego de que el radical confirmara que pretende dar pelea por la provincia en las elecciones, aunque no saben si adjudicar la movida a la oposición peronista o a la interna de Cambiemos.

“La justicia tiene toda la colaboración nuestra porque somos los principales interesados en llegar al fondo de la cuestión”, decía Varisco el martes por la tarde ante los medios.

“Somos los más interesados en que esto se investigue, así que de alguna manera estamos satisfechos de que todo se haga aceleradamente y se llegue pronto a una conclusión en esta investigación”, agregó el intendente relatando los graves hechos como si fuera una anécdota más de su vida.

Sin embargo, esas palabras hicieron mucho ruido en el oído de los vecinos: nadie en sus cabales andaría tan campante luego de que su oficina privada y su domicilio particular fueran allanados por la Justicia.

Varisco conoce el accionar de la Justicia porque es secretario de un juzgado en uso de licencia para ocupar un cargo de mayor jerarquía y sabe que el magistrado tiene que tener elementos concretos que ameriten un allanamiento.

A pesar de eso, el intendente se muestra confiado ante la prensa, pero al mismo tiempo denuncia junto con su entorno una operación política en convivencia entre el poder político y el judicial, desacreditando a la misma justicia con la que Varisco dice estar conforme.

Como resultado de los allanamientos de los domicilios particulares y de las oficinas públicas, la Justicia, secuestró documentos, teléfonos celulares, computadoras y hasta un cuaderno anotador del intendente.

Además, en los allanamientos realizados en esta causa se encontraron grandes cantidades de estupefacientes y un listado de las cuentas sueldos del municipio con estrecha vinculación con la comercialización de dicho material.

Según fuentes calificadas de la investigación, las pruebas y la documentación secuestradas serían suficientes para determinar al juez a librar ahora ordenes de detenciones e imputaciones de funcionarios de esta gestión y del mismo intendente, providencias judiciales que serían inminentes en estos días.

Mientras tanto, el intendente sigue mostrándose confiado y afirmando que confía en el accionar de la Justicia, pero puertas adentro crece la preocupación en su entorno.