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Hasta la justicia se tapó los ojos
Un informe ambiental ilícito, funcionarios cómplices y los negocios inmobiliarios millonarios

Fecha Publicación: 30/07/2017 | Cantidad de Lecturas: 2227 

La Caja Previsional de Médicos y Bioquímicos, en connivencia con funcionarios municipales y provinciales, se valió de un informe suscripto por un profesional inhabilitado para ejercer la ingeniería




Las irregularidades en la construcción emprendimientos inmobiliarios privados son moneda corriente en la capital entrerriana, donde priman, en la mayoría de los casos, los intereses de los inescrupulosos empresarios millonarios en desmedro de los ciudadanos.

Barrios enteros inundados, un sistema cloacal colapsado, el caos vehicular que se torna insoportable en horas picos, constituyen un panorama que se ve a diario en Paraná.

Hace unos días, luego de la iniciación de una investigación penal preparatoria venida de la mano de una denuncia contra un posible ingeniero, desde la fiscalía se determinó que el informe ambiental en el cual se basó el otorgamiento de la factibilidad del loteo del acceso norte, estaba suscripto por un profesional sin matrícula en la provincia.

Un informe que se fue tenido por fundamental no solo por la empresa constructora Norvial Servicios S.A., la cual se encuentra ejecutando la obra y por su comitente, la Caja Previsional de Médicos y Bioquímicos de Entre Ríos, sino también por varias esferas del Municipio de Paraná, por la Dirección de Hidráulica de la Provincia y hasta para la justicia.

Allá por el 2015, la empresa que preside hoy denunciado penalmente ingeniero Leonardo Damonte y el cuestionado medico Roberto Gebhart presidente de la Caja Previsional mencionada, mediante notas dirigidas a los entonces funcionarios de la gestión de la intendenta Blanca Osuna, el arquitecto Abelardo Llosa, titular de la subsecretaria de infraestructura, y Xavier Bilbao, director de vialidad urbana solicitaban que el Municipio diera factibilidad al proyecto de urbanización y aprobara el inicio de las obras.

Una urbanización que comprendía la realización de ni más ni menos 352 viviendas nuevas, ubicadas en el Acceso Norte de la ciudad, valiéndose de un informe ambiental que comprendía un plan de gestión ambiental y un informe hidrológico que manifestaban, palabras más, palabras menos, que no habría ningún impacto ambiental negativo que perjudique a los vecinos y al ambiente, es decir tránsito, servicios, contaminación, etc.


Un trámite que en un principio, sospechosamente se ocultó, saliendo a la luz luego de un amparo ambiental presentado por los diputados provinciales Gustavo Guzmán y Gustavo Zavallo.

Una demanda que tuvo en su centro la gran preocupación manifestada por los vecinos no solo de la zona, sino también de barrios aledaños, quien conociendo las características del extenso inmueble, no podían entender que se garantizara la ausencia de perjuicios en una zona de lagunas y cañaverales.

Un amparo que, entre sus fundamentos, manifestaba, por un lado, el daño inminente al ambiente proveniente de las características de la zona de lagunas y cañaverales, ya de por si inundable, la cual al incluirse 352 viviendas, es decir, un hacinamiento, impedirá que las aguas escurran provocando anegamientos.

Por otro lado, la arbitrariedad de aprobar un loteo de tamaña dimensión, siete días antes de finalizar la gestión, y, encima, hacerlo sin un estudio de impacto ambiental previo y sin licencia ambiental, condiciones exigidas por la ley general de ambiente.

Una preocupación que fue aumentando al verse el gran movimiento de tierra que la empresa constructora realizaba, quedando el terreno muy por debajo de la vera de la ruta, y que tuvo su punto culmine al conocerse que la Dirección Provincial de Vialidad no había autorizado que las aguas que escurrirían en la zona pasen por sus conductos.

Esto sumado a las distintas intimaciones y apercibimientos provenientes por la subsecretaria municipal que dirige el arquitecto López Segura que indicaban no solo las deficiencias de los materiales sino también el grave peligro de anegamientos y, por la altura de las napas freáticas sobre el suelo, se contaminarían las mismas con los desechos cloacales.

Las irregularidades estaban a la vista, sin embargo estas fueron más patentes cuando los demandados contestaron la demanda.

Tanto de los escritos presentados por Damonte, como el de Gebhart, surgía que los informes ambientales los habían realizado una empresa consultora ambiental denominada “RH” y la ingeniera Nadia Mehring.

Sin embargo, al darse a conocer este dato, la ingeniera mencionada no solo desmintió públicamente la confección del informe, sino que hasta denuncio penalmente por falsificación de documentos. No era para menos, o alguien le había falsificado la firma o le estaban atribuyendo la autoría intelectual de un informe ambiental sobre un loteo judicializado por existir un serio e inminente daño al ambiente.

Dicha denuncia fue ratificada por los diputados provinciales debido a que ese documento era contrario a sus pretensiones, las sospechas de adulteración era muy fuertes, y en el medio estaba la gran preocupación de los vecinos que, con el transcurso del amparo, empeoraba ya que todo indicaba que existían irregularidades, arbitrariedades e ilicitudes con un único fin: la construcción del emprendimiento inmobiliario millonario.

Sin embargo, llamativamente, la denuncia de Merhing y los diputados no prosperó, disponiendo el fiscal Gervasio Labriola, su archivo y fundando el mismo en que la firma de la ingeniera no aparecía por ningún lado, surgiendo de la resolución fiscal dos datos que levantaron nuevas sospechas: el plan de gestión ambiental estaba suscripto por el ingeniero Ricardo Ruiz y el informe hidráulica no contenía la firma de nadie.

Más allá de esto, y como pareciendo que el peligro de inundaciones, los anegamientos y las deficiencias de los materiales utilizados para el sistema cloacal no le importaba a nadie, el amparo ante el juez pablo Virgala transcurría sin pena y sin gloria.

Un juicio prolongado en el tiempo, inusual para un amparo, es más, hasta se abrió a prueba, ordenándose una pericial hidráulica, otorgándose llamativamente y fuera de todo pronóstico legal, 27 días al ingeniero Martin Calvet designado por Cristian Gietz de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, perteneciente al Ministerio que conduce el ingeniero Luis Benedetto.

El dictamen del ingeniero Calvet también fue teñido de irregular, no solo porque no contestó la pregunta fundamental sobre si la zona era inundable o no, sino porque este, como los demandados, se valió del informe del ingeniero Ruiz, y no solo eso, aseguro que el mismo estaba matriculado y que el Colegio de ingenieros de Entre Ríos había visado aquel informe.

Un dato que aún no se sabe de dónde extrajo el ingeniero Calvet, agravándose sobre manera debido a que por ese entonces se había publica la denuncia por usurpación de título contra el ingeniero Ruiz.

No era para menos, Ruiz, que aparecía como firmante del informe que manifiesta que no existe peligro al ambiente con el emprendimiento inmobiliario millonario de Damonte y Gebhart, nunca estuvo matriculado en la provincia, estándole expresamente prohibido ejercer actos de la profesión de ingeniería.

El código penal es claro en este punto, constituye un ejercer actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente. Como en todas las profesiones sometidas a Colegiación, solamente están habilitados para ejercerla aquellos que se encuentren matriculados, constituyendo un delito ejercer sin matrícula.

Sin embargo, sabiendo o debiendo saber que es necesario matricularse para emitir un informe, Damonte, Gebhart, los funcionarios municipales de la gestión anterior como Osuna, Llosa y Bilbao, como también los actuales como el subsecretario de Planeamiento, Adrián Bassi, el secretario legal y técnico, Walter Rolandelli y al intendente Sergio Varisco, y el funcionario provincial dependiente del ministro Benedetto, como Calvet, se valieron de este informe teñido enteramente de ilicitud para aprobar, dar factibilidad y hasta para desmentir que existirá un daño ambiental en la zona.

Y lo más grave, muchos de estos, por compromisos políticos, siguen cobrando del estado con importantes cargos en el gobierno provincial.

Tal fue la importancia dada al informe ambiental que hasta el propio Rolandelli declaró públicamente en un medio radial que el mismo no había sido firmado por la ingeniera Merhing sino por Ruiz y que el mismo habia sido visado por el Colegio de Ingeniero.

Algo totalmente falaz que finalmente hoy sale a la luz con el informe del Colegio mencionado que expresamente dice que no figura en sus registros de matriculación.

Es más, hasta la Justicia hizo la vista gorda frente a tamaña ilicitud, encontrándose entre los fundamentos principales que rechaza el amparo del juez Pablo Virgala, como en su confirmación del Superior Tribunal, las conclusiones del informe ambiental de Ruiz.

Un amparo que puso al descubierto la existencia de complicidad entre los funcionarios y los inescrupulosos empresarios millonarios de la construcción donde la ilicitud, las irregularidades y arbitrariedades son moneda corriente cuanto se trata de cuantiosas ganancias donde todos salen ganando menos los vecinos y la ciudad que deberán pagar los costos de los negocios irregulares con grave impacto ambiental negativo.

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Comentarios  
31/07|00:00  [Mirtha]  
y ahora que van a decir?
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31/07|00:00  [MILAGROS]  
Q van a decir... yo no fui, yo no estuve, fue la gestion anterior, y Poncio Pilatos un poroto!!
 
 
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